¿Quo vadis TSE?

Al hablar del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala no nos estamos refiriendo a una entidad pública que pueda vivir cometiendo errores para luego enmendarlos cada vez que un magistrado, funcionario, empleado o el Tribunal en pleno los cometa, como si se tratara de temas sin importancia o de poca trascendencia para la vida nacional. Más aún, cuando estamos viviendo una época electoral que reviste especial importancia para el país que se precia de estar dentro de un proceso evolutivo democrático que, en más de una oportunidad, especialmente que de 1985 para la fecha, se ha distinguido por haberlos realizado de manera ejemplar.
Durante los últimos días, especialmente por las malhadadas reformas decretadas por el inútil Congreso de la República a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el TSE ha venido dando traspiés constantes, fuera por permitir la inscripción de candidatos a diputados tránsfugas de partidos políticos; igualmente a contratistas del Estado, quienes también tienen prohibición expresa para poder hacerlo o por haber emitido una disposición legal cuajada con disposiciones tiránicas que a todos los guatemaltecos nos hicieron recordar tiempos pasados cuando emitían a diario disposiciones violatorias a los principios sustentados por la Constitución de la República, no digamos como en este último caso, en que se pisoteaban las normas vigentes de la Ley de Emisión del Pensamiento, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sobre esto último, lo que más preocupa a la ciudadanía son las tambaleantes respuestas dadas ante las interrogantes planteadas por la prensa nacional sobre el por qué se habían tomado decisiones tan a la ligera, a pesar que la disposición de controlar la realización de foros y entrevistas a aspirantes a cargos públicos de elección popular se le había encargado a personas conocedoras de la materia, según sus propias palabras, lo que por cierto, hasta el momento de escribir este comentario, los nombres y calidades de las mismas todavía son desconocidos. De aquí parte nuestra pregunta: ¿Quo vadis TSE? ¿Están dispuestos a cumplir sus funciones y obligaciones con toda responsabilidad y la seriedad que requiere seguir en el magno evento electoral del país que se ha venido realizando sin mayores, ni serios problemas ni consecuencias?
¿Qué procede hacer entonces? Por lógica, se estimaba indispensable dejar ipso facto sin efecto la tan absurda disposición, lo que finalmente se hizo pero, lo que sigue siendo todavía más preocupante para la ciudadanía es ¿qué va a ocurrir de ahora en adelante? ¿Seguirán tomando decisiones sin el análisis técnico, serio, mesurado y bien razonado? Si así fuera, sería fatal para todos los guatemaltecos que ya de por sí vivimos con la camisa levantada ante el atropello de los principios éticos, morales y legales de los integrantes de la política nacional, como para que tengamos que seguir sufriendo todavía más perjuicios por la ausencia de un tribunal que se ha venido comportando como no confiable ni competente.