Jorge Morales Toj
Aún tengo en mi memoria las imágenes y los llantos de las madres de las 41 niñas calcinadas en el interior del mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El 7 y 8 de marzo de 2017 quedó registrada la forma en que el Estado trata a la niñez guatemalteca.
Todo comenzó con la protesta legítima de las niñas que denunciaron condiciones inhumanas y los malos tratos que recibían dentro de dicho centro. Las niñas fueron encerradas con candado y supuestamente eran custodiadas por autoridades gubernamentales. Ante el incendió, fue evidente la inacción de la PNC y de las autoridades gubernamentales correspondientes.
Encerrar a las niñas en un aula sin las condiciones básicas para dormir, ilustra el desprecio del Estado hacia las niñas. No tenían cobijas, agua, sanitarios y estaban en un total estado de vulneración de sus derechos fundamentales. Una niña sobreviviente dijo: “nos encerraron en un aula y nos dieron colchonetas con nada más, algunas estaban muy húmedas y apestaban”.
En un informe de la policía del 8 de marzo se indica que, “las niñas estaban protegidas por 40 agentes de policía”. Es decir que había un promedio de un policía por niña y ninguno pudo evitar la lamentable tragedia. Las niñas pidieron auxilio y se tardaron casi 9 minutos para abrir la puerta. ¿Cuánto tiempo tarda usted estimado lector en abrir la puerta de su casa?
Derivado de la descripción de los hechos, podemos concluir que existió evidente incumplimiento de deberes y en algunos casos negligencia de las distintas instituciones gubernamentales que tenían responsabilidad en el resguardo de las niñas calcinadas. Se pone en evidencia que el sistema de protección de la niñez y de la adolescencia en conflicto con la ley no funciona y a que está colapsado.
Hay que repensar y rediseñar el Sistema de Protección de la Niñez. Es necesario y urgente establecer mecanismos e instituciones de coordinación y operación en favor de la niñez. Ya no más mesas de alto y bajo nivel para atender a la niñez guatemalteca. Se necesita políticas de Estado e instituciones eficientes y comprometidas en la erradicación de los problemas estructurales de exclusión y de pobreza que enfrenta nuestra niñez.
Hace dos años en Santa Cruz del Quiché, comunidades indígenas capturaron a dos jóvenes que estaban infringiendo las normas comunitarias y estaban asaltando algunos negocios. La Alcaldía Indígena en el ejercicio de la potestad que otorgan las comunidades indígenas, aplicaron el Derecho Indígena y corrigieron a través del Consejo y del Xicay a los adolescentes.
Uno de los adolescentes dos años después, le agradece al Alcalde Indígena haberlo aconsejado, corregido, acompañado y permitirle su reinserción a la vida familiar y comunitaria. En contraposición, instituciones gubernamentales y de justicia, han iniciado una persecución penal al Alcalde Indígena, por haber aplicado el Derecho Indígena a los adolescentes.
Las instituciones gubernamentales y de justicia, están llamadas a reconocer, respetar y promover las formas de organización social y sistema de justicia de los pueblos indígenas y de esa forma, juntos, de forma complementaria contribuir a brindarle a la niñez guatemalteca un futuro más digno.
