Ayer el Embajador de Estados Unidos ofreció una entrevista a varios medios de comunicación y ratificó el compromiso de su país con la lucha contra la corrupción en el marco de los esfuerzos que hace el presidente Jimmy Morales, quien de manera arbitraria pretendió dar por terminado el Acuerdo con Naciones Unidas para el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Además, dijo que se van a redoblar los esfuerzos con las instituciones nacionales que se dedican a hacer lo que venía haciendo la CICIG, agregando que sería especular decir qué va a ocurrir más adelante.
La verdad es que los guatemaltecos necesitamos más definición de parte de quienes están, por mandato, llamados a enfrentar la impunidad y los grandes vicios de nuestra democracia. Los tiempos no están para medias tintas o vigilancias que marcan una línea muy delgada del bien o el mal. Se puede decir que se esperan certificaciones de lo conducente, pero hay flagrancias claras que se están dando para minar, precisamente, la lucha contra la corrupción que es tan necesaria en Guatemala.
Es un hecho que hubo un importante traslado de experiencias de la CICIG a las autoridades guatemaltecas, pero una cosa es saber cómo se hacen las cosas y otra muy distinta es la voluntad de hacerlas. Si la autoridad superior del Ministerio Público no marca un paso de manera categórica, los avances serán difíciles porque no debemos olvidar que a la Fiscal General, Morales la eligió en un contexto en el que el mandatario buscaba impunidad y además, quienes hoy operan el pacto para regresar al pasado, expresaron su deseo que ella fuera la Jefa del MP.
Lo que preocupa son los hechos y realidades que demuestran la falta que nos hace, a estas alturas, el acompañamiento de la CICIG porque nuestras autoridades pueden haber aprendido a investigar, pero caen en el juego de la cooptación que aniquila la función institucional. Y la incapacidad ciudadana de alcanzar mínimos y la ausencia de clarísimos mensajes de parte de la comunidad internacional cuando se produjo el ilegal fin de sus funciones, ha permitido al Pacto de Corruptos mentir diciendo que tienen a la comunidad internacional a su favor. Muchos trabajan intensamente para recuperar las posiciones perdidas como consecuencia de los casos de corrupción que fueron judicializados desde el año 2015.
