Juan José Narciso Chúa
Los organismos del Estado constituyen los eslabones principales que configuran el concepto de Estado. Este concepto deviene desde el período de la Iluminación cuando Duverger y Montesquieu, entre otros, analizaron el porqué de la crisis de la monarquía francesa, así como el resultado lógico de un movimiento popular y legítimo como el de la Revolución Francesa en 1789. Hoy, todavía, los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, constituyen la propuesta de Montesquieu en aquellos años y que son la base de nuestro sistema republicano.
A pesar de la indiscutible importancia de los tres poderes del Estado, éste generó institucionalidad propia que apuntaba a convertirse en pesos y contrapesos de la actuación de los tres poderes, justamente para asegurarse que no ocurrieran arbitrariedades, abusos y malversaciones de fondos alrededor de los tres organismos. Ese conjunto de instituciones como la Contraloría General de Cuentas de la Nación, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos, se yerguen como esos pesos y contrapesos institucionales que cautelan el uso de los fondos públicos, el desarrollo de las elecciones generales, el respeto de la Constitución y velar por la aplicación correcta de los derechos humanos.
Sin embargo, en nuestro propio sistema y durante diferentes regímenes de Gobierno, algunos de los organismos han pretendido hacer caso omiso de su propio marco legal y propiciar abusos que al final terminan en propiciar pérdida de representación (el hecho de ser electos constituye un proceso de delegación del pueblo soberano a través de distintos mecanismos), como son las elecciones generales en el caso del Ejecutivo y Legislativo e igualmente a través de las Comisiones de Postulación, en el caso del organismo Judicial.
Hoy los tres poderes del Estado perdieron su capacidad de representación ante el soberano, al convertirse los mismos en entes ejecutores de una malévola estrategia tejida por Jimmy Morales, en conjunción con empresarios obsoletos y obtusos y militares que todavía viven en la contrainsurgencia, para destruir institucionalidad, fuera de acabar con la CICIG, justamente para mantener el funcionamiento de un esquema de corrupción e impunidad. En este proceso regresivo no ha habido escrúpulos para destruir, para dañar, para desinformar, por ello los tres poderes del Estado perdieron su carácter de representación, pero aún más, con sus actitudes y decisiones generaron una pérdida total de la legitimidad, una característica que se considera incremental sobre la base de decisiones estratégicas, pero adicionalmente que benefician a la colectividad, al bien común y no de espaldas a éste. Están formalmente en la legalidad, pero sus actuaciones son ilegítimas.
La crisis de representación hoy es mayormente evidente, las medidas son desesperadas y sin escrúpulos. Si no vean al Organismo Judicial contratando jefes de seguridad que vigilan a jueces y trabajadores; si no asómbrense más con el Organismo Legislativo, que negocia pasar el préstamo Creciendo Sano, si el resto de bancadas lo apoyan con convertir la Ley de Reconciliación Nacional en una caricatura para la impunidad; y si no vean a Jimmy Morales, en la crispación más cercana, su propia familia, sacando a su esposa e hijos para evitar la justicia y, quién sabe, si no la cárcel, además de hablar tonteras en el Grupo de Lima. Estos son sólo muestras de un enorme grupo de medidas abusivas, ilegales, regresivas y descaradas de un grupo de usurpadores de la función pública. Ciudadanos, esta vez no nos podemos equivocar, ni engañar, no podemos repetir los mismos errores de ayer que nos llevaron a este desastre. No más, nunca más.
