Emilio Matta Saravia
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Una prioridad se define como una ventaja o preferencia que tiene una cosa sobre otra; también es cuando una cosa se considera más importante que otra. En este sentido, siempre he insistido en que la prioridad número uno de cualquier gobierno, no solo el presidido por Jimmy Morales, debería ser el combate frontal para erradicar la DCI (desnutrición crónica infantil), mal que flagela a uno de cada dos niños guatemaltecos. Es decir, el combate a la DCI debería ser mucho más importante que cualquier otro tema en la agenda del Ejecutivo y del Legislativo, es decir la agenda del presidente y su Gabinete y del Congreso.
El impacto que causa este mal a nuestros niños es devastador: los marca para toda su vida al no poder desarrollar sus habilidades cognitivas y motrices de forma plena, dificultándoles el proceso de aprendizaje de cualquier materia, mermándoles su capacidad intelectual y física, principalmente de coordinación. Esto lo he repetido hasta el cansancio en distintas columnas de opinión y sigo insistiendo en que mientras la mitad de nuestra población padezca desnutrición crónica infantil, jamás lograremos ser un país competitivo y ofreceremos mano de obra deficiente a cualquier inversionista que pueda interesarle nuestro país.
Sin embargo, veo con asombro y perplejidad que nuestros diputados siguen empecnaidos en no aprobar la iniciativa de ley 5343, conocida como Ley Crecer Sano para suscribir un préstamo por 100 millones de dólares con el Banco Mundial (BM) para fondear programas para combatir este mal en la población, principalmente rural, de Guatemala. En la página del Congreso, se puede leer el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso y dice lo siguiente: “…se requirió el apoyo financiero del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), a través del otorgamiento de un préstamo. Derivado de lo anterior el 24 de marzo de 2017, el Directorio Ejecutivo del BIRF aprobó otorgar a la República de Guatemala un financiamiento reembolsable hasta por un monto de cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$100,000,000.00) denominado ‘Crecer Sano: Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala. ’» Este dictamen fue emitido el 20 de marzo del 2018 (¡un año después de que el Directorio Ejecutivo de la institución que integra el Banco Mundial que suscribirá el préstamo y desembolsará los fondos aprobara el préstamo!). Y hoy, 14 de febrero de 2019, dos años después, sigue sin aprobarse la ley. Por cierto, el plazo límite que da el BM para llenar todos los requisitos (incluida la promulgación de la ley) y desembolsar los fondos es el 22 de marzo de 2019.
Queda claro que el combate a la desnutrición crónica infantil no ha sido, no es, ni será importante para este gobierno. Nuestros gobernantes han tenido como prioridad aprobar otros proyectos de ley, mucho menos importantes, algunos con fines alevosos y espurios, como el decreto 24-2018. Como conclusión, nuestra niñez y nuestra juventud no son prioridad para quienes nos gobiernan. Y por lo que se vislumbra para estas elecciones, tampoco lo serán para el próximo gobierno.
