Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer, por enésima vez, el Congreso no pudo avanzar en la aprobación de la Ley Crecer Sano que requiere de la aprobación de un préstamo del Banco Mundial para beneficio de los niños que sufren desnutrición en el país. Se sabe que la mitad de nuestra niñez sufre por esa falta de una alimentación adecuada y que ello marca para siempre sus vidas porque limita seriamente el crecimiento físico de millones de infantes que cargarán de por vida el lastre que significa esa merma en su desarrollo.
Obviamente el asunto no es de interés ni les importa a los diputados que no asisten a las sesiones convocadas específicamente para aprobar ese proyecto que, al menos, traerá algo de alivio a algunos de esos niños históricamente abandonados. Los legisladores de Guatemala no tienen tiempo para asistir a una sesión y oprimir el botón que registra los votos para que se pueda disponer de esos recursos que, bien manejados, pueden tener un impacto importante en el futuro de nuestra población. Sobra hablar de la tragedia que es ese secular descuido por nuestra niñez puesto que los efectos están a la vista hasta en la talla de nuestra gente.
En cambio, para aprobar una ley específicamente diseñada para tratar de eliminar a un medio de comunicación que les dice sus verdades si juntaron en varias sesiones consecutivas al Pacto de Corruptos con los votos necesarios para emitir una Ley de Avisos Electrónicos que ni siquiera fue bien elaborada y que se presentó como un avance tecnológico cuando el Diario de Centro América ni siquiera estaba ni está preparado para mantener un portal digno de tal nombre. Una cosa es preocuparse por los niños de Guatemala, quienes a los diputados del Pacto de Corruptos literalmente les vienen del norte, y otra muy distinta es apresurar un mamarracho de ley elaborado con la única y clara intención de castigar a La Hora por su postura frente a la corrupción y la impunidad.
El pasado viernes, cuando se publicó que los dos que conforman el binomio del Partido Unionista son empleados al servicio del hijo de Arzú, de inmediato sacaron en redes sociales mensajes recordando que según su disposición los edictos sólo deben publicarse en el portal electrónico del Diario Oficial, en vengativa respuesta a la información que fue publicada horas antes.
Tal y como está llevándose actualmente la publicación de los avisos electrónicos es una farsa porque lo que hacen es reproducir en internet, sin ningún tipo de medidas de seguridad para evitar alteraciones tan comunes en la red, en formato PDF la reproducción de las publicaciones tal y como se ven en el formato impreso. La iniciativa de ley inicial contemplaba seis meses para entrar en vigor, seguramente porque consideraron que no se podía hacer a la carrera un portal seguro y eficiente, pero en su prisa por hacernos daño redujeron ese plazo a treinta días y el resultado está a la vista.
Pero así son las paradojas de nuestro país. Las cosas esenciales no reciben la menor atención porque todo está centrado en el negocio y la pequeñez, palabra que, por supuesto, nada tiene que ver con niñez.
