Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Como la consigna es acabar con los avances logrados en la lucha contra la corrupción, el sanísimo precedente que se sentó al procesar a los miembros de cuerpos colegiados que votaron para avalar algún trinquete será otro de los asuntos en los que volveremos al triste pasado de impunidad. En efecto, en casos como el conocido como IGSS-PISA, causante de varias muertes porque se contrató el servicio de hemodiálisis en condiciones que privilegiaron el negocio antes que la vida de los pacientes, quedó demostrado que el voto a favor de un negocio sucio implica responsabilidad penal, pero como no estamos acostumbrados en Guatemala a la rendición de cuentas, siempre se pensó que el ejercicio de cargos directivos no sólo era un honor sino la oportunidad de ganar jugosas dietas sin que nadie pensara en deducir responsabilidades.
El Caso Transurbano y el IGSS-Pisa son ejemplo de lo que significa avalar con el voto alguna ilegalidad. Puede ser, aunque es difícil que así haya sucedido, que quienes votaron a favor y estamparon sus firmas sin razonar el voto no supieran cuál era el fondo del trinquete y que por inercia avalaron la acción planificada y tramada por los perversos cerebros de la corrupción. Pero si así hubiera sido, ello no les quita la responsabilidad ni les libra del cargo de conciencia que tiene que provocar, sin duda alguna, el que siquiera una persona haya muerto porque fue víctima de la mala práctica derivada de la componenda entre las autoridades y los particulares beneficiados con la aprobación del negocio.
Y es que como en Guatemala se acostumbró siempre que las personas de cierto nivel o alcurnia no tenían por qué preocuparse por las consecuencias legales de nada, pues precisamente para eso se diseñó cuidadosamente el tejido de la impunidad, todos actuaban con ese peculiar desenfado de quien no se debe someter a ninguna rendición de cuentas. Si tan sólo hubieran tenido el cuidado, si es que de verdad son honestos, de informarse sobre los alcances y consecuencias de los negocios sometidos a su aprobación, seguramente debieron votar en contra y razonar sus votos para no sólo librarse de consecuencias legales, sino para actuar con decencia.
Pero en Guatemala hay personas que siguen siendo intocables y se causa indignación cuando alguna de ellas termina siendo acusada de la comisión de algún delito. Si los acusados son gente de la plebe nadie dice nada y a lo mejor hasta se aplaude que persigan a “esos” corruptos, pero Dios guarde si alguien que pertenece o tiene vínculos con la élite termina señalado por haber incurrido en delito al aprobar una contratación corrupta. Entonces vienen las protestas y la indignación a las que poco o nada importan las consecuencias irreparables de la decisión avalada. Damos por supuesto que con esas personas tenemos que estar agradecidos porque participaban en alguna pinche Junta Directiva, rebajándose de su verdadero nivel o altura.
Y era un sano precedente porque sería siempre bueno que quien llegue a esos cargos sepa que si no analiza bien cada voto o decisión que respalda, deberá enfrentar las consecuencias. Pero de vuelta al reino de la impunidad, ese precedente va al cesto de la basura.
