Pedro Pablo Marroquín Pérez
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@ppmp82
Ya se está volviendo una constante que muchos de los actores del Gobierno, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que desean apuntalar la impunidad y que son arropados por sus socios particulares (en especial la cúpula del sector privado y algunos operadores de la mayoría de sindicados), están perdiendo las formas, los recatos y los disimulos porque la desesperación les empieza a pasar factura.
Cada vez son más quienes están queriendo marcar distancia de las acciones de un pacto que está dispuesto a todo. La desobediencia a la Corte de Constitucionalidad (CC) fue la línea roja que muchos marcaron y aunque aún no son tan vocales, la disidencia y ese deseo de marcar distancia están creciendo porque hay gente que estima que esa ruta nos traerá condiciones nefastas para todos, en especial para los negocios, la prestación de servicios y la atracción de capitales.
Así como un Secretario de la Presidencia se entusiasma para contar de una amenaza que le hicieron a Estados Unidos por el mal uso de los Jeeps J8 que fueron donados por el gobierno norteamericano, vemos al Presidente del CACIF desacreditar un reporte de Transparencia Internacional porque ahora, que no les conviene, la percepción es solo una percepción (valga la redundancia) cuando no hay que ser científico para saber que en economía las percepciones juegan un papel fundamental.
Los comentarios del actual presidente del CACIF contrastan con los de un expresidente del ente empresarial, Peter Lamport, quien con toda entereza nos hace la pregunta de si queremos entregar la soberanía a los criminales. Lástima que no es él quien está dirigiendo los destinos del CACIF porque seguramente que no estarían aliados a las ilegalidades de un puñado de preocupados.
Como sienten que todo se vale y se olvidan de medir las consecuencias dejan en evidencia muchas cosas y así hay que entender la aparición de muchos binomios que han sido presentados a los electores. No les importa llenar las salas con muchos de los apoyos que eran “ocultos” porque, en medio de la desesperación, sienten que mientras más definidos sean tienen las de ganar.
Buscar impunidad los ha llevado saltarse las trancas. Ya no disimulan la instrumentalización y el ataque a las instituciones. Lo que están haciendo con la Policía Nacional Civil (PNC), en donde ya mandar a borrar antecedentes policiacos y cambiar partes, está siendo la nueva forma de “profesionalización” con la que algunos sueñan, para lograr tener una policía política como bien dijo Mark Schneider.
Ya no disimulan que a la CC solo la obedecen cuando les conviene y por ello es bueno ver el expediente 1489-2018 de la CC, cuya resolución del 24 de enero del año en curso le da la razón a la Cámara del Agro declarando con lugar una inconstitucionalidad por una arbitraria disposición del Concejo Municipal de Panzós, Alta Verapaz. ¿Ya quisiera ver yo qué dirían si el Concejo dijera, contratara abogados y operara para decir que la resolución de la CC es ilegal y que los magistrados se excedieron de sus funciones?
Perder las formas solo los hace más burdos y hace más evidente a dónde se deben dirigir las baterías de la Fiscal General y de la comunidad internacional que buscará sancionar esta ruta, pero eso no resuelve el problema de fondo y por eso es que debemos redoblar esfuerzos por alcanzar los mínimos que nos permitan reformar y operar el Estado de una forma más transparente, honrada y eficiente.
