Mario Alberto Carrera
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La Ley de Reconciliación Nacional aprobada por el Congreso hace más de veinte años, es efecto y parte del “Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) a la legalidad”. Es uno de los últimos, firmados el 29 de diciembre de 1996.
Como dije en mi anterior columna, y lo sostengo porque lo puedo demostrar, los Acuerdos de Paz han servido para poco, porque casi nada de lo que sobre ellos se ha intentado construir, se ha sostenido.
El caso más contundente de lo que arriba digo es el de la CICIG que, durante las gestiones de Castresana y D’elanesse, tuvo una función sin relieve, no por incapacidad de los comisionados sino porque todos los poderes institucionales y fácticos ¡no se diga!, le pusieron tropiezos sin fin para impedir su fecundo desarrollo. Tuvo la Embajada que verse ¡harta hasta la coronilla! -sofocada por todos lados por el narco gobierno del comandante Tito Arias- para que finalmente le brindara su apoyo. Fue -en esta tercera oportunidad- que Iván Velásquez tuvo suerte. Lo favoreció que los Estados Unidos (que también ordenan en la ONU) llegaran al agotamiento, frente al descarado narcotráfico preñado, naturalmente, de corrupción, impunidad y lavado. A ello hay que añadirle, para gran fortuna asimismo de Velásquez, la fortísima colaboración de la ex fiscal general Thelma Aldana, entregada por completo a la causa de la impunidad y la persecución penal.
Y es así como continúanos siendo testigos de la marcha atrás -y en arqueológico retroceso al Medievo- de la oligarquía nacional magníficamente representada en la CSJ. Y ¡no digamos!, en el Congreso y en el Ejecutivo. En este último por, el In-morales entre los In-morales, el “shuco” negrito de Amatitlán.
Dos retrocesos en el campo de los tremendistas paradigmas de la postrera historia nacional: el tumbe de la CICIG. Y, ahora en el Congreso, y a las tenebrosas puertas de su aprobación, las reformas cavernícolas a la Ley de Reconciliación Nacional. Los mastodontes prehistóricos de Estanzuela resucitan. Vuelven porque la mala hierba no muere. Al contrario, la hierba mala es la que permanece y es eterna como Satán.
Los mastodontes son tercos porque de la terquedad, de la tozudez y de la estulticia -de las que nacen y mueren- coronan sus victorias diabólicas. ¡Por más de que se les repite!, no entienden o se hacen más bien los desentendidos, cuando se les enrostra a la magnificencia ¡y verdadero poder!, de instituciones mundiales como el Estatuto de Roma (Art. 607) y a la Corte Penal Internacional en Holanda, que enarbolan como principio universal invencible e indiscutible, que los crímenes de lesa humanidad -como el de los Molina Theissen- no prescriben. Crimen al que hay que añadir una larga cadena de los cometidos en Guatemala por el Ejército y sus adláteres como: las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la desaparición forzada y, sobre todo, la persecución de grupos o colectivos con identidad propia como los pueblos originarios de Guatemala.
Por más que quienes promueven adiciones, reformas o enmiendas lograran sus propósitos regresivos y antidemocráticos, cambiando en parte o en todo la Ley de Reconciliación Nacional (los que ya mutada a ella se acogieren) no serían amparados o absueltos ¡para nada!, por las Cortes internacionales arriba mencionadas, ni menos, por la Corte Interamericana de DD. HH. en San José. Y no porque los Acuerdos de Paz estén en realidad funcionando, sino que ¡por fortuna! existen estas Cortes a las que Guatemala se ha adherido y de las que no sabe nada -según las declaraciones que da- la estulta Sandra Jovel.
