David Barrientos
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Recientemente se conoció en primera lectura en el Congreso de la República, la iniciativa 5377, relativa a modificaciones a la Ley de Reconciliación Nacional, una ventana de oportunidad para dejar por un lado la confrontación ideológica intestina, promovida por intereses económicos disfrazados de ideológicos y exacerbados en el año 2015 con la captura de militares que participaron en el enfrentamiento armado, en cumplimiento de su misión constitucional, situación que dio lugar a un hecho inédito; el General Alfredo Sosa Díaz, quien ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, a principios del año 2016, presenta una inconstitucionalidad contra la violación a los derechos constitucionales de los recién detenidos; un militar que privilegia la dignidad propia y de los militares en general y alienta las modificaciones que hoy se discuten; aunque eso provocó su destitución, fue un retiro con dignidad registrado en la historia nacional y del Ejército de Guatemala. Hoy, tres años más tarde se debate a través de los canales políticos, legales y mediáticos, tal reclamo que busca la reconciliación para todos, a pesar de que solo fueron violentados los derechos constitucionales de los militares que cumplían su función, o sea una justicia selectiva.
Las demandas de los militares radican principalmente en: la irretroactividad de la ley, la presunción de inocencia y publicidad del proceso, o sea, no hay delito ni pena sin ley anterior. Derechos Individuales consignados en el Capítulo I de la Constitución Política de la República de Guatemala. Están además privados de la libertad por casos de dudoso sustento, basados en dictámenes de seudoexpertos, ideológicamente ubicados o ligados con la insurgencia, convirtiéndose el tema en un negocio para algunos pocos y desventura para el país. Ante la polarización actual, los legisladores tienen la oportunidad para contribuir a mantener la gobernabilidad y dar pasos sólidos hacia la paz social; por el contrario, quienes se opongan a tal modificación estarán alimentando el odio y obligando a un sector de la población a tomar medidas de hecho ante la negativa de encontrar una salida política a la reconciliación nacional, además hay una suma de demandas de los exefectivos del Ejército que no han sido atendidas.
Seguramente los militares, de haber sabido que el resultado del proceso de paz provocaría la pérdida de la libertad, no hubieran apoyado el proceso de paz, porque además el Ejército de Guatemala fue militarmente victorioso en el enfrentamiento, y esa derrota militar, motivó a la insurgencia a buscar una negociación política, aprovechada por políticos de turno, para obtener réditos y el Ejército obediente del poder civil, acató el proceso.
Hoy los militares se encuentran en un estadio negativo, sin embargo, los ha motivado a organizarse en diferentes grupos, algunos muy grandes, otros no tanto, y si el proceso político que ha iniciado su curso en el Organismo Legislativo no se resuelve, no les quedará otra salida que tomar medidas de hecho, como algunas organizaciones seudopopulares que paralizan el país cuando se les da la gana.
