Jorge Santos
El 14 de enero del presente año, en un acto marcado por la ignominia y el claro retroceso que como sociedad estamos asistiendo, el presidente Jimmy Morales acudió al Congreso de la República a presentar su Informe Anual de labores, el cual fue escuchado por un insignificante grupo de parlamentarios allí presentes. En este patético acto, tanto el presidente Morales, como el presidente del Congreso de la República Álvaro Arzú Escobar, vociferaron en contra del desarrollo, de la justicia, el bienestar común y los derechos humanos, al extremo que este último refirió que uno de los propósitos de esta cuestionada legislatura, iba ser la aprobación de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional y constituirla en una Ley de Punto Final que garantizará la amnistía a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno.
Este añejo propósito proveniente de los sectores más conservadores, atrasados y violentos de la elite económica, militar y del crimen organizado, ha sido intentado en más de diez oportunidades sin éxito alguno; dado que lo que estos actores no terminan de entender es que Guatemala, no es un país paría que alejado del concierto de las naciones, puede hacer lo que se les venga en gana, sino más bien, que están obligados a cumplir con el marco internacional en materia de derechos humanos. Estos actores se olvidan que Guatemala ha firmado y ratificado importantes instrumentos internacionales para prevenir y sancionar el delito de Genocidio y que por lo tanto delitos y graves violaciones a derechos humanos como la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y el propio Genocidio no cuentan con este derecho de la amnistía, sino más bien deben ser investigados y procesados penalmente con el fin de castigar tan deleznables hechos.
Aún y con estos antecedentes, 83 diputados aprobaron el dictamen favorable a la iniciativa de Ley #5377 que establece que toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y de le decretaron medidas de coerción por los delitos enmarcados en graves violaciones a derechos humanos, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad en el plazo de 24 horas. Asimismo, que la autoridad que no diere cumplimiento a este mandato incurrirá en retardo malicioso, denegación de justicia y detención ilegal. Es decir, que estos 83 diputados con su voto pretenden garantizar libertad a delincuentes y con ello impunidad aquellos que han sido condenados o estén siendo investigados por cometer tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
De esta cuenta, es necesario que tomemos conciencia de que los mismos actores económicos, políticos, militares y del crimen organizado, son los mismos que impulsan leyes de amnistía, como la que se ejemplifica acá, así como la pretendida liberación de los corruptos presos en el Mariscal Zavala o el beneficio a inversiones espurias o al narcotráfico. Es por ello, que debemos oponernos con contundencia, firmeza y determinación.
