Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Cada vez más se va aclarando el panorama. Tras un Jimmy Morales que el lunes le cedió al presidente del Congreso Álvaro Arzú Jr. el ataque a la Corte de Constitucionalidad (CC) y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –por cierto esa frase del Golpe de Estado Democrático quedará para la historia- tratando de no ser él quien abiertamente retaba de nuevo a la CC, su Vicepresidente despejó todas las dudas.
Jafeth Cabrera ratificó que el Gobierno no acatará la resolución de la CC y fue más allá al decir que el asunto ya está en el Congreso, en clara referencia al pacto sellado con sangre (y Q600 mil) por medio del cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a un antejuicio contra los tres magistrados de la CC que han defendido el orden constitucional y el Estado de Derecho, intentándolos “vender” al Congreso a pesar de la jurisprudencia y fallos legales que han protegido a los magistrados porque así lo manda la ley.
Además, el martes le dieron la baja a un Subdirector de la PNC que contravino una orden de arriba del Ministerio de Gobernación, pues dijo que él no había pedido de vuelta los carros a la CICIG. El hecho reviste de importancia porque confirma que el desmantelamiento de la PNC sigue siendo una política del Gobierno y porque Gobernación tampoco quiere cumplir lo que ordenó la CC de que la CICIG cumpla su mandato sin interferencias y en cumplimiento del convenio (que incluye la colaboración del Gobierno).
Un grupo de argentinos que trabajaba en la CICIG fue retirado por su gobierno porque la Cancillería confirmó que no tenían inmunidades, lo que también reafirma que desde la Cancillería tampoco se va a cumplir la orden de tribunal constitucional, definiendo claramente que el Presidente, Vicepresidente y Ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores lideran la desobediencia a la CC.
Y siendo que está en juego el Estado de Derecho, el orden Constitucional y por ende, nuestra frágil democracia, digo que se acercan las horas cruciales en el país porque si se le tolera al Presiente y su Organismo Ejecutivo, a la Junta Directiva del Congreso y algunos otros diputados y al menos a diez magistrados de la CSJ, desconocer la autoridad de la CC, estaremos enterrando el Estado de Derecho y dándole la bienvenida a la ley del más fuerte, inescrupuloso y carente de principios.
Los operadores del asalto a la Corte Constitucional y por ende, al Estado de Derecho, cuentan con el apoyo de quienes han terminado de traicionarse por sus preocupaciones, pues han olvidado aquello de que la certeza jurídica era la clave para atraer inversiones en el país.
El futuro del país queda, de tal manera, en las manos de la CC y de un Ministerio Público (MP) bajo constante asedio por parte del Gobierno y sus aliados que ya piden la cabeza de Consuelo Porras porque no los dejó hacer lo que querían.
Vienen las horas clave del futuro del país porque en Guatemala se definirá si con medidas de hecho acaban con la CC y el Estado de Derecho o quedará claro que quienes desean alterar el orden constitucional y desconocer a la CC pagarán las consecuencias legales, pues como dijo Morales: quien rompa las leyes tendrá que verse frente a la justicia.
