Víctor Ferrigno F.
Nuestra Constitución establece que, al inicio de cada año, el Presidente de la República debe rendir cuentas al pueblo soberano, presentando un informe sobre sus ejecutorias. Sin embargo, el lunes pasado, en vez de oír el informe, la ciudadanía se tomó nuevamente las calles, en los cuatro puntos cardinales del país, para exigirle a Jimmy Morales su renuncia por violentar el marco constitucional, y por haber establecido un desgobierno de proporciones colosales, en alianza con una gavilla de delincuentes corruptos e impunes, donde destacan políticos deshonestos, empresarios venales y militares masacradores.
Vivimos una de las peores crisis político-institucionales de nuestra historia, y lo más grave es que no existe proyecto alternativo. Afortunadamente, el pueblo de Guatemala ha reaccionado movilizándose y, de manera creciente, ha dicho ¡basta ya!
La reacción ciudadana frente a las arbitrariedades gubernativas ha sido lenta e insuficiente, y el panorama se complica con el inicio del proceso electoral, pues así como Morales y su desgobierno se niegan a acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), es previsible que también desechen la autoridad del Tribunal Supremo Electoral, y desconozcan a quienes resulten triunfadores en los comicios, si su partido fracasa estrepitosamente, como es predecible.
En un acto de miopía supina, casi todos los partidos políticos guardan silencio sobre el tema, aunque frente a ellos se cava la tumba de la democracia.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia (con el voto adverso de dos togadas dignas) dio trámite a una acción penal contra tres magistrados de la CC, enviando el expediente al Congreso de la República para que sean despojados de su derecho de antejuicio, aunque la Carta Magna establece que no pueden ser perseguidos por sus fallos.
Durante el tercer informe de desgobierno, fue el presidente (con minúscula) del Congreso, quien reafirmó la decisión de desobedecer a la CC y dar por terminado unilateralmente el convenio con la ONU, que dio vida a la CICIG, y anunció que continuarán con el proceso de aprobación de una ley de amnistía, para exonerar a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, la cual será conocida el próximo jueves 17 de enero.
El CACIF, despojándose de su hipocresía y de su máscara, públicamente ha apoyado los desmanes de Jimmy Morales, porque muchos de sus directivos están vinculados a ilícitos tributarios, bancarios, electorales o laborales.
Queda claro, pues, que los tres organismos del Estado y la cúpula empresarial están dispuestos a mantener el régimen de impunidad, aunque destruyan la débil institucionalidad que hemos construido desde 1985. No solo quieren evadir la cárcel, sino que pretenden seguir medrando de los fondos públicos, enriqueciéndose con mil y una corruptelas.
El Ministro de Gobernación destruye 22 años de esfuerzos por construir una Policía Nacional Civil confiable, para crear un cuerpo de guardias pretorianos que defiendan los actos dictatoriales que el Pacto de Corruptos ordena.
Ante todo este caótico panorama, la Fiscal General dice mantenerse vigilante, pero en realidad no acciona con la celeridad ni con la contundencia necesarias.
Mientras crece el hambre, la pobreza, la inseguridad, la corrupción, la injusticia y nos despeñamos hacia la anarquía ¿usted qué hace? Ya es hora que deje de esconderse tras excusas banales y decida ejercer sus derechos ciudadanos. Véase reflejado en la pupila de sus hijos, y pregúntese si irradian la figura de un siervo o de un patriota.
