Adrián Zapata
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“Si el gobierno de Guatemala garantiza que la CICIG pueda continuar cumpliendo cabalmente su mandato, yo no tengo ningún problema en renunciar”. Esas fueron las recientes declaraciones del Comisionado a un medio colombiano, El País. Claro que también aclaró la motivación de quienes adversan la CICIG, atribuyéndoles el interés por “recuperar el control absoluto de la Fiscalía y del organismo judicial”.
Pero, en todo caso, lo cierto es que se podría abrir una ventana de oportunidad para desmontar la crisis política, específicamente de contradicción institucional, que se produce en el país entre el Ejecutivo y el Congreso por una parte y la Corte de Constitucionalidad por la otra. El Ministerio Público también ha sido jalado a esta contradicción a partir de las acciones últimas que éste ha tomado.
Entre todos los actores que resisten la lucha contra la corrupción y la impunidad no me quiero referir ahora al crimen organizado, porque dada su naturaleza sería redundante afirmar las razones por las cuales persiguen tal condición. Los empresarios, por su parte, han cerrado filas por una razón diferente. Sería inapropiado e incluso injusto vincularlos al crimen organizado directamente. Es comprensible, aunque sin duda condenable, que quieran garantizar la impunidad por los financiamientos electorales que proporcionaron a los diversos partidos a los cuales les apostaron para mantener el control de la política en el país.
Lo que quiero resaltar en esta ocasión es el alineamiento que tuvieron las derechas guatemaltecas como los actores que mayoritariamente están en contra de la CICIG. Y, al mismo tiempo, el comportamiento similar de los sectores progresistas, mayoritariamente de izquierda, que se alinearon en el apoyo a la Comisión. Este fenómeno no significa que la determinación de esta definición sea ideológica. A mi juicio es simplemente porque son las derechas las que han gobernado Guatemala y, por lo tanto, son ellas las que han tenido la oportunidad de corromperse. Si se observa la realidad política de otros países de la región se puede ver que los alineamientos son al revés, claro allí han gobernado las izquierdas. Comparto, sin embargo, la idea que los sectores progresistas deberían tener valores más desarrollados, porque se necesita de ellos para luchar por la transformación del statu quo.
Ahora bien, lo que quiero resaltar con vehemencia en esta oportunidad es que las declaraciones de don Iván crean condiciones para que los guatemaltecos trabajemos en una salida constructiva a la crisis política que vivimos.
Todos los bandos embarcados en esta contradicción debemos ceder. Quienes valoramos el trabajo del Comisionado debemos, eventualmente, despedirlo con los honores que, según nosotros, se merece. Quienes lo repudian con odio por miedo deberían poner los intereses del país por encima de los propios y exigir que efectivamente se garantice el debido proceso, se corrijan los excesos que pudieran haberse cometido y que haya efectiva rendición de cuentas de la CICIG a quien, de acuerdo a la institucionalidad de Naciones Unidas, pudiera corresponder.
Urge una iniciativa nacional, entre guatemaltecos comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad, que utilice esta ventana de oportunidad.
