Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Cómo olvidar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que está ayudando a dar “el golpe blando”, como decía quien faltó en la conferencia del presidente Jimmy Morales, el exmandatario Otto Pérez Molina, fue instalada en 2014 tras el pacto de Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi; su elección estuvo rodeada de tantos vicios que la Corte de Constitucionalidad (CC) pasada detuvo su toma de posesión por casi un mes.
Claro está que de los trece magistrados electos ya no están todos y que hay dos mujeres que han venido mostrando mayor consistencia (Delia Dávila y Maria Eugenia Morales) apartándose del resto que se han tenido que quitar la careta porque ya llevan tiempo cumpliendo las condiciones por las que fueron nombrados y honrando los favores que les han valido hasta títulos académicos.
Habían venido resolviendo de manera consistente los recursos en contra de los magistrados de la CC, declarándolos sin lugar pero de manera más que sospechosa, cuando cuatro magistrados de la Constitucional se la están jugando por el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico del país que desean derrumbar los preocupados, dan trámite a una denuncia a la que se le cuestionan los motivos.
Resulta que la Asociación de Dignatarios de la Nación recibe dinero del Congreso de la República. En diciembre interpusieron la denuncia y como las coincidencias a veces son tan terribles en el país, resulta que ese mismo mes el Congreso le transfirió Q600 mil quetzales. Consta en el acta de la Comisión Permanente del 5 de diciembre, punto número 20 y la denuncia se presentó el 10 de diciembre según el medio República.gt.
Además, siguiendo con la coincidencias, resulta que el Congreso que dirigen Álvaro Arzú y Felipe Alejos le paga a tres personas que trabajan en la Asociación sueldos que suman Q44,890 (por 14 sueldos) y además le dan oficinas ubicadas en el inmueble que alquila el Legislativo en la 7ª avenida 9-36 de la zona 1.
No olvidemos que hace unas semanas, desde el Congreso se chantajeó al Organismo Judicial (OJ) con el tema del presupuesto, situación que fue arreglada en el mismo momento en el que se decidió el antejuicio del diputado Alejos.
De tal manera que, insisto, la CSJ se confirmó como jugador titular del Pacto de Corruptos y no estoy diciendo que debamos desconocerla o desobedecer su resolución, simplemente estoy diciendo que los motivos detrás de la espuria denuncia y las razones de la resolución de ayer en el OJ, tienen un trasfondo íntimamente relacionado con el socavamiento del Estado de Derecho, al ataque al ordenamiento jurídico y el asalto a la Corte de Constitucionalidad por ese afán del Pacto de Corruptos de controlar el sistema, el país y un futuro con impunidad casi garantizada.
Ahora pasará a manos del Congreso y todos deberán marcar sus posturas de manera clara, en especial la UNE de Sandra Torres y luego sería el turno de Consuelo Porras, misma que tendría que ratificar de qué lado está porque la hora de la verdad llega y no puede regresar a la vigilancia ni a las medias tintas.
La CSJ está pagando ahora lo que pactó en el 2014, está demostrando por qué esa elección era viciada y debió realizarse de nuevo y nos está enseñando a los guatemaltecos (en especial a los que se opusieron a las reformas al sector justicia) que nuestro sistema está cooptado hasta la médula y callarlo es ser cómplice.
