Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En condiciones verdaderamente normales, la elección general de este año debiera ser el instrumento idóneo para dirimir las diferencias políticas alrededor de la lucha contra la corrupción porque el ciudadano con su voto tendría el poder de tomar una decisión al respecto, ya sea eligiendo a los que forman parte del Pacto de Corruptos o eligiendo a quienes están en contra de esa asquerosa amalgama. Y terminada la elección no quedaría otro remedio, a unos y a otros, que acatar lo dispuesto en forma mayoritaria y democrática por los ciudadanos con derecho a ejercer el sufragio.
Sin embargo, las condiciones en que estamos viviendo no tienen nada de normales y está visto que aquí moverán cielos y tierra para impedir que pueda darse una elección real, sobre todo sabiendo que alrededor del setenta por ciento de la población entiende el perverso daño que hace la corrupción en un país plagado de tanta pobreza e inequidad que son consecuencia, precisamente, de la compra de favores y privilegios que tiene su punto de partida en el mismo financiamiento electoral que volverá a ser, sin duda alguna, herramienta clave en este proceso por mucho que haya sido desnudada la asquerosa práctica.
Mediante disposiciones arbitrarias irán poniendo valladares en el camino a las candidaturas que sienten como una amenaza para su prosperidad incrementada y asegurada a punta de corrupción. Y no habrá ante quién recurrir de Amparo para preservar el derecho ciudadano a elegir y ser electo, porque en el camino se proponen descabezar a la Corte de Constitucionalidad que es su mayor piedra en el zapato. Por motivos infundados van a impedir la inscripción de candidatos o les harán la vida imposible para no tener que recurrir, finalmente, a la maniobra del descarado fraude electoral como el que se dio en Honduras y que se pudo consolidar gracias a la vergonzosa actitud ciudadana y la desvergonzada actitud de los Estados Unidos al consagrar como legítimo el espurio resultado.
Este debiera ser el año de la ciudadanía capaz de expresarse en las urnas para incidir en el futuro del país, pero ya sabemos que hay poderosos factores de poder que no quieren perder sus privilegios ni quieren correr riesgos de que un resultado democrático pueda convertirse en amenaza para el sistema que con tanto empeño y cuidado han venido diseñando para que les sirva a la perfección.
Podrá parecer demasiado pesimista el augurio de que el proceso electoral lejos de ser el instrumento idóneo para marcar el futuro del país será objeto de manoseo intenso para evitarse todo tipo de sobresalto, pero las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral permiten alentar toda clase de sospechas respecto al modelo actual. Y es preferible pecar de pesimista que caer de ingenuo en una jugada que está bien montada y planificada para asegurar que el resultado electoral permita restablecer, sin cortapisa alguna, las reglas que dieron lugar a la cooptación del Estado. No pueden darse el lujo de dejar nada a la libre, puesto que saben que en esas condiciones saldrían perdiendo y por ello se tienen que asegurar a toda costa.
