Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Hablando ante la oficialidad del Ejército de Guatemala, el vicepresidente Jafeth Cabrera actuó de forma zalamera elogiando a las fuerzas armadas y despotricando en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, afirmando que es una entidad que viola la soberanía del país que según mandato constitucional debe ser garantizada por el Ejército, sin mencionar que fue nuestro país el que, en pleno ejercicio de su propia soberanía, pidió la ayuda internacional para enfrentar el problema de la impunidad en el país y que no se trata de ninguna intromisión antojadiza de nadie, sino una respuesta a la decisión de la institucionalidad guatemalteca para contar con ese aporte que ha servido para denunciar la asquerosa dimensión de la corruptela que consume al país.
El llamado se hace en el marco del manotazo contra la Constitución que dirigió el mismo Jimmy Morales como portavoz, aunque no actor principal, del Pacto de Corruptos. Atendiendo las perversas sugerencias de quienes de verdad mandan en Guatemala y que deberán ser expuestos aunque sólo sea en la elaboración de los listados que en Estados Unidos se han pedido para identificar a los corruptos en esta tierra, utilizó a la Procuraduría General de la Nación para hacen una denuncia penal en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no se han puesto de alfombra del Pacto.
Bien plantea la Comisión Internacional de Juristas la necesidad de invocar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos porque lo que está ocurriendo es sumamente grave. “La situación que se presenta en Guatemala podría encajar en el artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana; de ser así, le correspondería al Consejo Permanente de la OEA hacer una apreciación colectiva sobre dicha alteración y adoptar las decisiones que estime convenientes”, según afirmó esta mañana Ramón Cadena, representante de ese colectivo internacional de juristas.
Porque a los hechos señalados respecto al manotazo que se pretende utilizando a la PGN se suma ahora el abierto llamado al Ejército para que asuma la defensa del gobierno aún en contra de la defensa de la constitucionalidad del país, y eso agrava en mucho la situación porque compromete la independencia de una institución que no debe ser leal a ningún funcionario sino a la Constitución que se pretende violentar mediante la eliminación del control que corresponde a la Corte de Constitucionalidad. En otras palabras, se pretende que el Presidente tenga poderes absolutos sin ningún tipo de control para verificar su actuación conforme a derecho y eso no es posible en el marco de ninguna democracia en la que todos los ciudadanos, empezando por el primer mandatario de cualquier Nación, está sometido al imperio de la legalidad y respeto al Estado de Derecho que, en nuestro caso, consigna que la competencia de esa Corte.
Se pretende, entonces, que el manotazo se convierta en cuartelazo luego de ese plañidero discurso de Cabrera, y eso agrava aún más la ya complicada y grave situación que estamos viviendo.
