Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La democracia tiene que funcionar en medio del Estado de Derecho y del régimen de pesos y contrapesos porque sin eso sobreviene la dictadura. Y ese es el gravísimo rumbo que ha tomado el Gobierno al ordenar a la Procuraduría General de la Nación que denuncie penalmente a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que han aprobado resoluciones que pretenden poner freno a los desmanes en el ejercicio del poder. Yo he venido alertando desde hace meses que hay esfuerzos por consolidar una Dictadura de la Corrupción que es mucho más grave y siniestra que cualquier dictadura unipersonal porque significa una tenebrosa alianza entre factores de poder real para coordinar el saqueo absoluto del erario.
La denuncia penal es espuria porque nadie ha probado que haya habido alguna resolución violatoria de la Constitución y ya sabemos que en cualquier proceso judicial alguna de las partes queda inconforme lo cual no significa que pueda alegar ilegalidad en lo resuelto. En el tango que armó el Presidente para librarse de la CICIG luego de que logró el objetivo de anular al Ministerio Público, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad son fallos que deben cumplirse aunque desagraden al gobernante y a sus ministros. Y ante la decisión que tomaron de no acatar las decisiones legales, alegando supuesta ilegalidad en las mismas, dieron ayer el salto al vacío presentando la acción penal que persigue que se inicie el proceso de antejuicio para removerlos del cargo, contando seguro con el compadre hablado que sería la Corte Suprema de Justicia, con lo que se consumaría la ruptura del orden constitucional que se ha visto venir desde hace ya varios meses.
Repito que en la democracia tienen que existir pesos y contrapesos dentro del Estado de Derecho para evitar los abusos y arbitrariedades y según nuestro ordenamiento legal corresponde a la Corte de Constitucionalidad la última palabra en materia de interpretación y defensa de la Constitución de la República. Cualquier intromisión en su ámbito de jurisdicción está fuera del marco legal y por lo tanto estamos frente a un manotazo de hecho que conculca el orden democrático. La situación es muy parecida a la de Nicaragua, donde también mediante un matrimonio de conveniencia entre el Gobierno y la cúpula de los empresarios, se llegó a violentar la democracia y la legalidad.
Durante muchos meses estuvo en discusión la reforma a la Ley de Antejuicio que pretendía darle al Congreso la facultad para declarar con lugar la formación de causa contra, específicamente, magistrados de la Corte de Constitucionalidad pero no lograron la votación suficiente para modificar la norma vigente. Pero estaba cantado que siendo la CC el único obstáculo para consolidar el poder de los corruptos, tenía que venir la acción que, como el Serranazo, pretende eliminar todo lo que pueda dificultar que se concrete el sueño de opio que, en este caso, es regresar a lo que había antes de 2015, cuando mediante el financiamiento electoral se logró montar la más apabullante estructura de corrupción que se pueda imaginar.
