Jorge Santos
Según el Informe de la Udefegua sobre criminalización contra personas defensoras de derechos humanos refiere que “la criminalización es un proceso en el que se señala a una persona como delincuente, producto de su labor como defensora de derechos humanos o por su ejercicio de una libertad fundamental con el objeto de detener el trabajo que hace la persona y su organización y/o enviar mensajes a la ciudadanía sobre los límites al ejercicio de sus derechos”.
En ese sentido es necesario precisar que la criminalización se expresa a través de los fenómenos, tales como la difamación, estigmatización y discurso del odio; denuncias judiciales infundadas; reformas a la ley para criminalizar acciones puntuales (ampliar figuras delictivas como se pretende hacer con terrorismo este año), el debilitamiento de figuras penales como se hizo con usurpación agravada en 1997 o bien con la detención de las personas ya sea de manera arbitraria o ilegal como se ha suscitado en muchos casos.
Frecuentemente las acciones de criminalización están precedidas o seguidas por amenazas, atentados y asesinatos contra personas señaladas de transgredir. La criminalización muchas veces es percibida desde el momento de la denuncia judicial pública. En muchos casos la denuncia no se traduce en el inicio de un expediente judicial en donde se pueda defender la persona; pero, queda como una sombra al acecho de la persona si sigue en su actividad de defensa de derechos.
Tanto en los casos en que la persona que defiende derechos humanos está en prisión preventiva y/o con medida sustitutiva, el tiempo de la fase de investigación hasta la fase intermedia y, de ser acusado, a la sentencia es muy prolongado. Esto debido al incumplimiento sistemático de los tiempos procesales sean estos de naturaleza penal o de ámbito administrativo o civil.
Independientemente de las características del proceso, las consecuencias son las mismas en la persona señalada o acusada y su entorno: incertidumbre, deterioro de condiciones económicas y psicológicas, impactos sobre el tejido familiar y organizativo y estigma. Hemos visto como personas defensoras de derechos que han sido dejadas en libertad y terminan sus procesos siguen siendo estigmatizadas.
La Udefegua entre los años 2012 y 2017 ha registrado 909 actos de criminalización, afectando a todos los tipos de defensa de derechos humanos. Prácticamente la totalidad de departamentos reportan criminalización contra el liderazgo social, comunitario, autoridades ancestrales, campesinos, sindicalistas, periodistas, defensoras de la justicia, la memoria histórica, todos ellos son víctimas de un sistema que condena al pobre y privilegia al poderoso.
Las consecuencias de un Sistema de Justicia que no provee justicia pronta y cumplida sino que genera un proceso en que el sistema es utilizado para sancionar la pobreza y la defensa de derechos son un reto para la sociedad entera. El sistema está hecho para que la persona sin recursos y, en contradicción con personas poderosas, sea considerada de hecho culpable y que deba demostrar su inocencia; aunque las leyes digan que es lo contrario.
