Está aún en trámite la reforma a la Ley de Antejuicios con la intención de remover a algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero al parecer eso no les basta a los diputados que ahora están trabajando la iniciativa para desaparecer a esa instancia de control constitucional tal y como la conocemos, para promover la creación de una cámara específica dentro de la Corte Suprema de Justicia que se encargue de ese control tan especializado. Y todo ello, por supuesto, sin mover pieza respecto a la forma en que se integra la CSJ porque cabalmente lo que se desea es que amparos e inconstitucionalidades sean conocidos por los magistrados electos por esas amañadas Comisiones de Postulación para que todo quede bajo el “debido” control.
Coincidentemente, ayer el CACIF habló de la necesidad de reformas constitucionales al Sector Justicia luego de que torpedeó el proyecto de reformas que apuntaba a garantizar la independencia judicial eliminando las interferencias de poderes ocultos que han sabido cómo decidir la integración de las cortes para que sirvan a los intereses de la impunidad. Ojalá no se trate de que están hablando del mismo proyecto de reforma que se está cocinando en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para eliminar a la Corte de Constitucionalidad, aunque se ha visto que hay bastante coincidencia de criterios entre esa cúpula del sector privado y los diputados que trabajan a marchas forzadas ese proyecto.
La Corte de Constitucionalidad no es ni ha sido un tribunal perfecto y por supuesto que hay fallos que pueden cuestionarse académicamente, pero hay que reconocer que se trata de excepciones porque en su inmensa mayoría ha velado por la garantía de los derechos conculcados por leyes o disposiciones administrativas y además ha enderezado entuertos que atentan contra lo que ordena y manda la Constitución Política de la República de Guatemala.
Pero el intento por desaparecerla es consecuencia de que en el Congreso tiene mayoría un Pacto de Corruptos que ha visto fracasar varias de sus leyes porque en la CC opera una mayoría que está en contra de las mafias y de la corrupción. El choque es inevitable, entonces, y de allí que surja el interés en introducir reformas constitucionales al Sector Justicia con la intención manifiesta de eliminar ese mecanismo de control.
En todo caso una reforma de ese calibre tiene que ir a consulta popular y dicen que confían en la disciplina de los expatrulleros de Autodefensa y la indiferencia del resto de la gente para lograr la aprobación “popular”.
