Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Sostengo firmemente que esa polarización de la que tanto nos quejamos fue provocada y que la indiferencia que ahora nos aqueja fue inducida por aquellos que aplicaron el “divide y vencerás” y ahora vemos el costo social que ha tenido que una buena parte de guatemaltecos no hayamos podido alcanzar los mínimos necesarios para empezarle a ver una cara nueva a Guatemala.
Con la excusa de que es mejor no seguir polarizándonos, se ha iniciado una “campaña” de que lo más conveniente es dejar las cosas como están y no pensar en más casos. Ayer mismo salía el CACIF a reconocer lo que se dijo en el 2016 en torno a que era necesario reformar la justicia y piden a la vez que la CICIG solo se dedique a transferir capacidades y que de ahora en adelante todo recaiga en Consuelo Porras, lo que claramente se debe entender como “ya no queremos más Comisión Internacional”.
La retórica de “no más casos” que se oye en varios sectores se fundamenta en que con tanto proceso se han ido perdiendo apoyos y dicen, por tanto, que alcanzar los mínimos ahora es más difícil por las lesiones que han causado la búsqueda de la verdad y la justicia, cuyo primer paso es la investigación (no condena) que busca iniciar un proceso para conocer la realidad y así determinar si hay absoluciones o condenas.
La verdad es que los mínimos no se complican por los casos, sino por esa dificultad que tienen algunos de transitar de la cultura de la ilegalidad en la que nos acostumbramos a vivir a la legalidad; se dificulta porque hay quienes estiman que ellos o los de su círculo son de una honorabilidad vitalicia que no necesita de los actos del día a día para confirmarse y que ven en las investigaciones o pesquisas condenas que no son.
Yo, al revés, creo que los casos en lugar de generar la pérdida de apoyo, nos deberían de servir para sumar esfuerzos para entender que la realidad que nos han planteado los focos investigados muestra el colapso de un sistema con el que aprendimos a convivir sin mayor “asco” y en el que, para acomodarnos, nos acoplamos al “así se hacen/hacían las cosas”. En ese marco, aún nos falta ver más vicios del sistema.
Sectores y personas que tienen un convencimiento de las necesidades de cambio porque han entendido el costo de seguir igual, deberían ver en los casos la mejor fuente de inspiración para cambiar lo que no queremos como país. Decir que los casos restan apoyos era como cuando decían en agosto del 2017 que no querían a Iván Velásquez pero si a la CICIG, aunque en agosto del 2018 se quitaron las máscaras y reconocieron que en realidad era la CICIG en general la que incomodaba.
En este país hay mentes brillantes y la verdad es que esos cerebros (aunque tratan) no se pueden engañar para siempre. Saben que Guatemala necesita cambios, pero la falta de humildad hace que quieran negar una realidad de país con la que no deberíamos poder convivir en “paz”. Hay que entender de una vez por todas que las investigaciones y/o acusaciones no son sinónimo de condena.
Para calmar las penas y atender a los preocupados (con el afán que no fueran obstáculo para el cambio) era importante una Ley de Aceptación de Cargos sin mañas tipo las de algunos diputados, pero no deja de llamar la atención el silencio cómplice de algunos que, aunque empiezan a conocerse, siguen tras bambalinas manejando los hilos para asegurar vivir del pasado.
