Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Con enorme astucia, los que operan el Pacto de Corruptos y se han ido asegurando impunidad lograron sembrar profundas divisiones entre los guatemaltecos con el petate del muerto de la ideología, asegurando que únicamente la izquierda pretende mantener a la CICIG en Guatemala y que la lucha contra la corrupción debiera ser asignatura de los guatemaltecos sin intervención extranjera. Han logrado convencer a bastante gente, suficiente para asegurar el impulso de acciones para despenalizar aquellos delitos graves que se traducen en la cooptación del Estado y que por obra y gracia del Congreso de la República dejaron de ser castigados para permitir, como pasó ayer con los señores Arenas y Botrán que sean cerrados todos los casos abiertos por el financiamiento electoral ilícito.
Yo sostengo que en las condiciones actuales Guatemala requiere de un gran acuerdo nacional para buscar la viabilidad de nuestro patético Estado. Y ese acuerdo tiene que tener como punto de partida la absoluta necesidad de combatir con firmeza tanto la corrupción como la impunidad que la alienta. Nadie puede negar la existencia de esos dos flagelos históricos que tanto daño le han hecho al país, destruyendo no sólo la misma democracia sino robando además la esperanza a una población que se siente desesperada, al punto de querer abandonarlo todo para encontrar una pinche oportunidad.
El gran acuerdo nacional implica admitir que vivimos bajo el imperio de la corrupción y de la impunidad porque a partir de esa aceptación básica será más fácil empezar a articular acciones concretas que nos lleven a depurar al Estado y modificar la forma en que nuestras autoridades son electas o designadas. La necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente es indiscutible porque los esfuerzos de los constituyentes del 85 se vieron frustrados por el avance de acuerdos entre las élites y los políticos que terminó secuestrando al Estado.
Pero mientras los ciudadanos nos entretenemos como los conejos en discutir si son galgos o podencos los que nos persiguen, los corruptos emplazan sus baterías para destruir lo poco positivo que sigue funcionando de las instituciones creadas por la Constitución vigente, concretamente la Corte de Constitucionalidad contra la que se apostan baterías de distinto tipo y calibre, porque se entiende que ha sido el único valladar en el camino de los sinvergüenzas que temen a un verdadero Estado de Derecho que les envíe a la cárcel para expiar sus culpas.
Sostengo que la única polarización que cabe en el país es las que nos divide entre honrados y corruptos, razón por la cual es necesario ese acuerdo mínimo que nos saque del pantano en que nos ha metido este pacto de sinvergüenzas que hace micos y pericos con la legalidad desde el mismo Congreso de la República que opera con el cinismo y desfachatez que le permite el sólido y granítico apoyo de los que históricamente se han sentido, y han operado, como los dueños del país, representantes de unas pocas familias que son los operadores directos, aunque ocultos, de todo el Pacto que pretende afianzar la dictadura de la corrupción.
