Javier Monterroso
La elección de la Junta Directiva del Congreso de la República para el año 2019 se llevó a cabo el pasado martes 13 de noviembre, y los resultados no podían ser más desalentadores para quienes buscamos una transformación. En efecto, los nombres de los electos por los mismos diputados generan una profunda desconfianza y desaliento en la población: Álvaro Arzú hijo, Felipe Alejos, Juan Ramón Lau, Estuardo Galdámez, Aníbal Rojas, Juan Manuel Giordano y Armando Escribá son sinónimo de transfuguismo, nepotismo, propuestas legislativas cuestionables, fanatismo religioso, e incluso algunos como Felipe Alejos, Estuardo Galdámez y Armando Escribá han sido señalados de la comisión de diversos hechos delictivos por el Ministerio Público, aunque hay que decirlo, hasta la fecha no han sido procesados penalmente ni condenados.
Estudios de opinión recientes demuestran que el Congreso es la institución más deslegitimada para los guatemaltecos, prueba de ello es que varios diputados han sido insultados públicamente por personas que los reconocen en la calle o en restaurantes, además, hace poco más de un año los diputados fueron encerrados en el Congreso por un grupo considerable de personas indignadas por la aprobación de las reformas al Código Penal aprobadas por los mismos diputados y que beneficiaban a muchos delincuentes. Lamentablemente el desprestigio del Congreso, de los diputados y de los partidos políticos es también un síntoma de la crisis de la democracia, los guatemaltecos, al igual que en la mayoría de países del mundo están cansados de los políticos que solo han utilizado los puestos para enriquecerse, y es en buena medida debido a la corrupción cometida o permitida por los políticos, que la pobreza sigue siendo una realidad para las grandes mayorías de la población de nuestros países tercermundistas.
El rescate de la democracia no es cosa fácil, y no depende de un nuevo gobierno, tampoco es solo con el cambio de personas, pues políticos jóvenes reproducen los mismos patrones de comportamiento como lo demuestran los casos de Alejos, Giordano y muchos otros. Los problemas son de fondo y como tales requieren propuestas que cambien de raíz las estructuras del sistema político. Para comenzar se debe cambiar la forma de elección de diputados, es necesario crear distritos más pequeños, no a nivel departamental sino municipal, que permitan que las personas elijan como representantes miembros de sus municipios y no de los departamentos, esto permitirá un mayor contacto y relación entre el legislador y sus representados y una mejor representación de los intereses locales en el Congreso. Por supuesto que esto conllevaría un incremento exponencial del número de diputados, pero el gasto sería compensado por un sistema en el que los diputados no son funcionarios de tiempo completo sino solo sesionarían 3 meses al año, del 15 de septiembre al 15 de diciembre, tiempo suficiente para revisar la auditoría del gobierno realizada por el órgano autónomo correspondiente, realizar los nombramientos de autoridades que le correspondan y aprobar presupuestos y legislación. Los Congresos no permanentes son los verdaderos orígenes del parlamentarismo liberal y están formados por representantes de las comunidades que tienen sus trabajos, profesiones, empresas y formas de ingresos propios, el representar a sus comunidades en el Parlamento se convierte en una obligación para ellos y no en una forma de vida, con esto se acabarían los políticos profesionales, verdadero cáncer de la democracia, además los diputados serían electos cada dos años con posibilidades de solo una reelección, lo que permitiría una renovación permanente en el Parlamento.
