Ayer se rindió el informe de labores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Comisionado Iván Velásquez participó ofreciendo un discurso por videoconferencia debido a que, en violación de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, sigue vedado su ingreso al país bajo la vigilante pero inútil actitud del Ministerio Público. El informe contiene abundante información sobre las actividades de la CICIG en este período oscuro, cuando las fuerzas de la corrupción tratan de acabar con los esfuerzos emprendidos precisamente bajo la dirección de Velásquez.
Pero nos llama la atención una frase del Comisionado, quien dijo que hay que continuar con el esfuerzo y las reformas que propone la Comisión “si lo que se pretende es recuperar el Estado para el bien común”, lo cual vale la pena analizar en su justa dimensión porque precisamente el objetivo de la lucha contra la corrupción es ese, ya que la podredumbre generada por el enriquecimiento ilícito y la cooptación del Estado lo que hicieron fue desvirtuar por completo su finalidad esencial que es el bien común.
El Estado de Guatemala, por obra y gracia de la corrupción sirve, funciona y opera para los corruptos y para los cooptadores que saben cómo convertirse en los principales beneficiarios de un Estado convertido en generador y guardián de sus intereses y privilegios, obtenidos a cambio de sobornos que empiezan justamente desde el mismo financiamiento electoral que es una manera de ir comprando la conciencia de los que aspiran a ocupar cargos políticos de dirección nacional.
La corrupción en sí es un vicio que se debe combatir, pero en el caso de Guatemala hay que entender que el Estado fallido que tenemos es consecuencia de ese flagelo que anuló por completo la capacidad institucional para atender las necesidades de la población. No hay interés en el bien común porque gobernantes y cooptadores están concertados en el aprovechamiento de los recursos y acciones del Estado únicamente pensando en su propio y particular beneficio.
Atacar la corrupción, entonces, es una necesidad impostergable si queremos recuperar el Estado para el bien común porque es la única manera de que la institucionalidad sea rescatada para que opere y funcione en beneficio de todos y no únicamente de los que mediante el financiamiento electoral se consagran como los dueños de todo un país puesto a su servicio exclusivo.
Basta ver los abandonos en Salud, Educación, Seguridad y Justicia para entender que el Estado de Guatemala no cumple con sus fines porque está sometido a quienes supieron cómo secuestrarlo.
