Adrián Zapata
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La Usac enfrenta una seria crisis financiera. Tiene ya un déficit acumulado de alrededor de 700 millonésima de quetzales. Haciendo uso de su prerrogativa de iniciativa de ley, presento una que aprobaría una ampliación presupuestaria para solventar su crisis financiera inmediata, la cual fue ignorada por el Congreso. El Organismo Ejecutivo, en la iniciativa de ley que contiene su propuesta de Presupuesto para el año 2019, incluyó para la Usac Q1621.3 millones correspondientes al aporte constitucional, un aporte extraordinario de Q290 millones, un apoyo para el Ejercicio Profesional de Q10 millones y un aporte para inversión por Q92.2 millones. Esta propuesta resultaba insuficiente para afrontar las necesidades financieras de la Universidad. Sin embargo, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, en el dictamen que elaboró, rebajó más de Q300 millones a la insuficiente propuesta del Ejecutivo.
Ante esa desafortunada decisión de la Comisión legislativa, hay voces contradictorias entre los diputados, ya que algunos de ellos manifiestan su crítica a los que pretenden reducir el presupuesto a la Usac. Como si el país necesitara más contradicciones, ahora se agrega el tema del presupuesto de la Carolina.
Está claro que los legisladores que apoyan la reducción del presupuesto de la Usac pretenden asfixiarla financieramente, como una manera de extorsionarla para que no ejerza el pensamiento crítico que por naturaleza le corresponde a una academia independiente. También están reaccionando a ciertas movilizaciones que desde la Usac se han promovido, las cuales consideran que les afectan a ellos y al Presidente y Vicepresidente del país.
Personalmente, admiro el espíritu de lucha que el estudiantado sancarlista, bajo el liderazgo de esta nueva AEU, ha retomado. De igual manera, sostengo que a la Usac, institucionalmente, es decir a través de la Rectoría y el Consejo Superior Universitario, no le es propio el atrincheramiento de pancarta. A mi juicio, el liderazgo de las movilizaciones sociales no es correspondiente con la naturaleza académica de la Usac.
Pero no tengo ningún ambage en criticar a los diputados que quieren utilizar su competencia legisladora para chantajear a la universidad nacional y tratar de «vengarse» por las movilizaciones sociales que desde allí se han promovido.
Dotar a la Usac de los recursos financieros que requiere para poder cumplir con los mandatos constitucionales que le son propios, como única universidad estatal, debería ser un interés nacional, asumido por todos los diputados y diputadas. Sin dichos recursos serían miles los jóvenes que no podrían tener acceso a la educación superior, porque no tienen los recursos necesarios para pagar una universidad privada. Privarla de esos recursos significaría la incapacidad de cumplir con importantes servicios que ella presta a la sociedad.
Por ello, los congresistas deberían recapacitar y no agregar nuevos temas de confrontación a la ya polarizada agenda nacional.
Por su parte, los distintos actores sancarlistas están haciendo muy bien en converger en la lucha por reclamar el derecho que tienen a que no se le recorten recursos a los ya insuficientes asignados en la propuesta elaborada por el Ministerio de Finanzas y presentada por el Ejecutivo. Es conveniente que el Rector y el Consejo Superior Universitario actúen con la madurez que debe caracterizarlos y continúen negociando con el Congreso para que se dote a la Usac de los recursos financieros que se requieren.
Es altamente deseable que los diferentes actores de la sociedad guatemalteca apoyen abiertamente esta lucha de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En ella deberíamos coincidir todos, más allá de nuestras ideologías políticas e intereses sectoriales.
Todavía es tiempo que los diputados converjan en el propósito de fortalecer nuestra universidad pública.
