Nunca nos hemos opuesto a ninguna dignificación salarial porque creemos que se trata de un derecho esencial de los trabajadores, pero entendemos que debe haber una correlación entre el salario digno y el rendimiento, sobre todo cuando se trata de servidores públicos cuyos salarios pueden ser dispuestos en el marco de negociaciones corruptas entre una dirigencia astuta que se aprovecha de la corrupción de funcionarios que, con los aumentos, pretenden comprar la lealtad política de gremios de los que lo único que se espera es apoyo cuando hagan falta movilizaciones masivas.
Las pruebas que se hacen sobre el rendimiento de los alumnos en el sistema educativo de Guatemala ofrecen resultados patéticos que debieran ser motivo de vergüenza para todo el gremio magisterial, porque evidencian la absoluta falta de eficiencia de los educadores que no se pueden quejar de ser mal pagados porque sus dirigentes han sabido negociar incrementos de manera constante. Pero si comparamos la realidad del aprendizaje de los alumnos con el salario de los maestros veremos que no hay ninguna relación entre una y otra cosa. El aprendizaje hasta retrocede mientras el sueldo va siempre para adelante, situación que no puede darse ni en el sector público ni en el sector privado donde cualquier incremento se asocia a la productividad.
Y la forma en que los diputados más visibles del Pacto de Corruptos estén apoyando el incremento presupuestario para financiar el arreglo entre Jimmy Morales y Joviel Acevedo es la mejor muestra de que estamos frente a un acuerdo espurio y tenebroso que no persigue, de ninguna manera, mejorar la calidad de la educación en Guatemala, sino simplemente disponer de una fuerza de choque que vienen preparando para consumar lo que haga falta para terminar con la lucha contra la corrupción.
Es en ese contexto que se tiene que leer lo dispuesto por la Comisión de Finanzas del Congreso de la República porque no puede caber la menor duda de cuáles son las intenciones de los más notorios “dipucacos”. El Congreso no tiene ningún interés en asuntos que convienen a la población o al país mismo, sino que simplemente legislan en asuntos que a ellos les convienen para ir allanando el camino para establecer plenamente la dictadura de los corruptos, dirigida y orquestada no sólo por los políticos del momento, sino por poderes tradicionales que históricamente han sido los que tras bambalinas mueven a sus títeres con chorros de dinero de lo que llegó a ser financiamiento electoral ilícito, pero que por obra y gracia del contubernio recibió una grosera amnistía.
