Ayer la pintoresca ministra de Relaciones Exteriores ofreció declaraciones en su más puro estilo sobre el tema que le apasiona, es decir el de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y, para variar, su exposición estuvo llena de “ideotas”. Pero la que se llevó las palmas fue la que planteó al afirmar que Naciones Unidas tiene que nombrar a un Comisionado Adjunto que tenga el visto bueno del gobierno de Jimmy Morales, lo que equivaldría a pedirle a un marero que escoja qué Fiscal quiere que lo investigue porque justamente el mandato de la CICIG es claro en el sentido de que tiene que trabajar en contra de los aparatos clandestinos incrustados en el Estado (haciendo corrupción, entre otras cosas), y mal se haría si quien puede ser el jefe o líder de esos aparatos, como pasa ahora con el Pacto de Corruptos, tenga la opción de escoger a quien les debe investigar.
Ya hemos visto lo que pasa cuando el Presidente tiene la facultad y opción de escoger Fiscal General porque tuvo el tino de seleccionar a alguien que se ha probado experta en vigilancia y punto. Y lo mismo estaría pidiendo entonces a Naciones Unidas para que mande a un Comisionado Adjunto que tenga habilidades especiales para mantenerse vigilante sin hacer absolutamente nada para preservar el Estado de Derecho y la legalidad en el país, ni siquiera cuando se produce abierta y flagrantemente la desobediencia ante resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.
Es obvio que para el Gobierno, magistralmente representado por la pintoresca titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, no hay otro objetivo que el de acabar de una vez por todas con la lucha contra la corrupción y con la entidad que dirigió el esfuerzo por destapar la cloaca en que se convirtió nuestro sistema a partir del financiamiento electoral ilícito que ahora, por obra y gracia del Congreso, ha dejado de ser ilícito para consagrarse como el “gesto cívico” mediante el cual los de la élite pueden realmente funcionar como auténticos dueños del país, media vez compren la conciencia del político que llegará al poder para que les haga sus mandados.
Y hoy por hoy la piedra en el zapato sigue siendo la CICIG y el comisionado Iván Velásquez porque, como hemos dicho, el otro flanco molesto que fue el Ministerio Público ha sido resuelto adecuadamente para que deje de causar sobresaltos a quienes no nacieron para aparecer nunca sentados en el banquillo de los acusados ni para rendir cuentas por las consecuencias de sus acciones.
