Javier Monterroso
A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Guatemala comenzó el difícil camino para dejar de ser el Estado contrainsurgente que fue durante 36 años, para intentar convertirse en un Estado Democrático de Derecho, donde exista una efectiva separación de poderes, se respeten los derechos humanos y los funcionarios públicos estén sujetos a la ley. El camino no ha sido fácil, y aunque ha habido importantes avances tales como leyes aprobadas que protegen los derechos de la niñez y de las mujeres, mayor presupuesto para el sistema de justicia, fortalecimiento del MP, creación de institucionalidad para la seguridad y la justicia, etc., todavía estamos muy lejos de poder decir que Guatemala es ese tipo de Estado. Uno de los principales obstáculos para consolidar el Estado Democrático de Derecho son las mafias incrustadas dentro del mismo Estado, que utilizan los puestos de poder para generar impunidad en sus acciones, para combatir estas mafias el Estado de Guatemala pidió apoyo a la ONU para instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual opera en el país desde hace diez años. Sin embargo, a pesar de estos y otros avances, creo que estamos ante el mayor riesgo en los veintidós años que llevamos desde la firma de la paz, y que asistimos a un momento en que lejos de seguir avanzando hacia la consolidación de ese Estado Democrático de Derecho, corremos el riesgo real de retroceder a las épocas más nefastas de nuestra historia.
El gobierno de Jimmy Morales nos está llevando a retroceder en todo sentido, en su lucha por no caer preso por los delitos cometidos como secretario general del partido FCN y en el afán de evitar que su hijo y su hermano sean condenados por delitos de corrupción, se ha empecinado en una batalla contra la CICIG entorpeciendo la lucha contra los grupos criminales que cooptaron el Estado pero, además, en alianza con el exalcalde Álvaro Arzú nombró como Ministro de Gobernación a una persona que está militarizando la seguridad ciudadana y usa el equipo de seguridad para amedrentar a la población civil. Morales se rodeó de un grupo de militares de la vieja guardia y está siendo asesorado legalmente por un grupo de apologistas del delito a quienes no les importa desobedecer una orden directa de la Corte de Constitucionalidad.
Por su parte los aliados de Morales en el Congreso de la República encabezados por Álvaro Arzú Jr. y Felipe Alejos, con el apoyo de los partidos TODOS, Unionista, FCN, MR, UCN, PAN y el bloque Alianza Ciudadana, están intentando aprobar reformas a la ley de antejuicio para poder extorsionar a jueces, magistrados y Fiscal General, aprobar reformas a la Ley Electoral para que los diputados tránsfugas puedan reelegirse y modificar el delito de financiamiento electoral ilícito para garantizarse impunidad. No es de extrañar esta actitud pues más de cuarenta diputados, incluyendo a varios de los líderes de algunos de los partidos mencionados están siendo investigados por el MP y la CICIG. Pero posiblemente la peor jugarreta sucia que Morales y sus aliados han hecho en su lucha por garantizarse impunidad, es la alianza con el fundamentalismo religioso, en efecto, apelando a los valores conservadores de la sociedad guatemalteca y manipulando temas importantes para determinados sectores como son la religión, la familia tradicional y los valores morales están poniendo en riesgo las libertades de expresión y de religión, y no les importa con tal de lograr su objetivo. No podemos permitirlo, como ciudadanos tenemos que detenerlos, por medio de las redes sociales, las manifestaciones, la desobediencia civil si es necesario, y también involucrándonos activamente en la vida política nacional.
