Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Hay ocasiones en la historia en las que algún país pierde el rumbo por la equivocada dirección de sus políticos y puede aflorar el autoritarismo y corrupción que asombran e indignan a sus ciudadanos, pero en el caso nuestro no es que nos haya resultado un mal gobernante por casualidad llevándonos por esos rumbos, sino que sufrimos de vicios que están profundamente enraizados en la estructura misma de nuestro modelo político y por ello es que su erradicación resulta mucho más compleja y demanda mayor esfuerzo y participación de los sectores sociales.
Si en nuestro caso el destape de la corruptela del Partido Patriota hubiera sido efecto de una de esas ocasiones históricas en las que el poder es alcanzado por un grupo perverso, hubiera sido suficiente lo hecho por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en el año 2015 porque la mera cúpula de ese poder corrupto fue detenida, empezando por los dos cabecillas mayores, Pérez Molina y Baldetti. Y en esas condiciones hubiera bastado ir a elecciones para corregir el problema y seguir la vida sin el perjuicio que provoca la excesiva corrupción y la prostitución de las instituciones públicas puestas al servicio de las bandas de saqueadores.
Pero fue precisamente en ese momento que en la plaza surgió el grito advirtiendo, alertando oportunamente que “En estas condiciones no queremos elecciones” porque hubo gente que entendió que el problema era más profundo, que no bastaba con el encarcelamiento de los ladrones de turno porque la corrupción sistémica empezó hace muchos años y prostituyó la misma esencia de nuestro modelo político, pudrió todo el sistema a partir del financiamiento ilícito que no era sólo del narcotráfico, sino especialmente de aquellos negocios que se enriquecieron y nutrieron con los frutos de la corrupción.
Hubo un sector en particular que rechazó abiertamente el grito de la plaza rechazando elecciones en esas condiciones y fue precisamente el de gran poder económico que goza de privilegios acuñados en el tráfico de influencias derivado de los financiamientos electorales. Dicen que es dinero limpio porque no es del narcotráfico, pero es dinero sucio porque se amasa tras espurias negociaciones que pervirtieron al Estado al ponerlo al servicio de esos intereses cupulares, dejando de lado el cumplimiento de sus fines esenciales, especialmente la promoción del bien común y la especial atención a la gente más necesitada.
Hoy las condiciones del sistema son mucho peores de aquellas que fueron bien advertidas por algunos en el 2015. Estas elecciones serán, por mucho, peores condiciones porque el Pacto de Corruptos se ha encargado de asegurarse más poder e impunidad moviendo piezas desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Sistema de Justicia, la persecución penal, la Contraloría de Cuentas y las autoridades electorales, además de los poderes departamentales y locales, para garantizar el férreo control del proceso electoral, evitando cancelar partidos corruptos y cancelando los que amenazan al Pacto de los Corruptos en el preludio de un proceso evidentemente amañado.
Cuando el vicio es estructural no basta cambiar al timonel y la mejor prueba de eso se llama Jimmy Morales.
