Emilio Matta

emiliomattasaravia@gmail.com

Esposo y padre. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Certificado en Métodos de Pronósticos por Florida International University. 24 años de trayectoria profesional en las áreas de Operaciones, Logística y Finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, empresario y columnista en La Hora.

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Emilio Matta Saravia
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En varios discursos, el presidente Morales ha demandado reiteradamente certeza jurídica a los distintos órganos de justicia en nuestro país. Esto lo hace a sabiendas que él mismo continúa informando que no acatará a la Corte de Constitucionalidad, luego de haber dado lugar al amparo presentado por el licenciado Alfonso Carrillo para permitir la entrada del Comisionado Iván Velásquez a Guatemala.

Creo prudente aclarar que nuestro Presidente, lamentablemente, sigue un guion que le han dado sus asesores o quienes ejercen influencia sobre él, pero que no tiene ni la más remota idea de lo que significa vivir bajo un marco de certeza jurídica o que necesita una nación para alcanzarla. No acatar una resolución de la Corte de Constitucionalidad ciertamente refleja su total desconocimiento del tema, así como la lamentable respuesta, digna de un bufón, al aludir a Galileo cuando fue consultado por periodistas sobre si acataría o no a la Corte de Constitucionalidad.

También creo que el gobierno de Morales se mantendrá empecinado en su postura de no dejar entrar al Comisionado y él tampoco vendrá a nuestro país mientras su seguridad no esté garantizada. Aclaro que es mi opinión y puedo estar errado.

Sin embargo, el tema al que quiero llegar es el siguiente: al retirarse la CICIG de Guatemala, no hay una alternativa para continuar con la lucha contra la corrupción. Simple y llanamente no la hay. He leído en distintos medios a columnistas que se congratulan por la desatinada decisión de nuestro Presidente de no renovar el mandato de la CICIG, pero en ningún momento se cuestionan de qué forma continuará dicha lucha o qué hoja de ruta se seguirá para finalizar los casos por corrupción que ya se encuentran en tribunales o en fase de investigación. Dicen, con irresponsable ligereza, que la lucha debe continuar. Nada más. No cómo debería continuar, ni quién la debería encabezar, o qué acciones se deben seguir. Nada.

Y aunque el hecho de no ser simpatizante de la CICIG o de su Comisionado, no necesariamente hace corrupta o deshonesta a una persona, sí creo que sacar a la CICIG de Guatemala es pegarnos un tiro en el pie en la lucha contra la corrupción. También, como lo expresé claramente en mi columna de la semana pasada, para mejorar nuestra economía necesariamente debemos eliminar la corrupción enquistada en nuestras instituciones. Es condición sine qua non. No entender esto es caer en la estupidez. No existe un solo país desarrollado en el mundo que sea corrupto, uno solo. Y ha habido en la historia reciente, casos en los que un país ha pasado de la pobreza al desarrollo en una generación. Y lo primero que han hecho estos países ha sido eliminar la corrupción de sus instituciones, porque están claros que la prosperidad económica viene después, no antes, de erradicar la corrupción. Verbigracia, Singapur y Chile.

Mientras nuestras autoridades no presenten una alternativa creíble para erradicar la corrupción, la CICIG seguirá siendo nuestra única solución, queramos o no.

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