Adrián Zapata
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Hace un tiempo, hubiera sido impensable un escenario donde se cuestionara a la CICIG y su Comisionado. Frescos están los recuerdos donde los candidatos a puestos de elección, incluyendo al actual Presidente, se manifestaban admiradores de ese ente y expresaban su disposición a que los investigara. Nadie podía imaginar al primer mandatario del país en Naciones Unidas enfrentando a su Secretario General, emplazándolo ante la Asamblea General y denunciando a la Comisión.
Pero la situación cambió. Los actores afectados por la lucha contra la corrupción y la impunidad pasaron a la ofensiva, de manera organizada. Álvaro Arzú fue pieza clave en esta recomposición.
Otro elemento fundamental es la posición de los Estados Unidos, cuya pragmática política exterior lo lleva a una versátil política de alianzas, de acuerdo a sus intereses geopolíticos y de seguridad nacional (términos en el cual incluyen al mundo entero, donde el “triángulo norte” de Centroamérica ha llegado a tener una gran prioridad). De los tiempos de Todd Robinson, donde había un maridazgo con las fuerzas progresistas nacionales que actuaban alucinadas por esta coincidencia coyuntural, se ha pasado a un apoyo al gobierno de Jimmy Morales, cuyas debilidades, muchas obvias, son “toleradas” en aras de no agregar conflictividad al área. Ya es suficiente con Ortega.
En el Legislativo se atrincheran los diputados resistentes y lo más probable es que protejan al Presidente para que mantenga su derecho de antejuicio. De igual manera, envalentonados, se preparan para abrirle paso al transfuguismo, de tal forma que puedan reelegirse en las próximas elecciones.
Estamos en un nuevo escenario en lo relacionado con la lucha contra la corrupción y la impunidad. La correlación de fuerzas coyunturalmente se ha modificado, poniendo a la defensiva a quienes impulsan esa lucha.
Lo anterior sucede a escasos tres meses que se produzca la convocatoria a elecciones generales. Todo parece indicar que la crisis política se podrá superar sólo a partir de dichas elecciones. No hay horizonte cercano que pueda indicar un cielo sin tormentas. Mientras tanto, lo que queda es un control de daños, para que la polarización social y política no afecte sustancialmente el proceso electoral. Por ello, el principal esfuerzo político debe dirigirse ahora a garantizar condiciones democráticas para su realización. Esto implica la efectiva participación de todas las tendencias políticas, el control del financiamiento electoral para controlar este leviatán de la política, la ausencia de represión abierta o encubierta hacia quienes participen en ella y respecto de los actores sociales que actúan en el escenario nacional (periodistas, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos).
De cara a este hecho político y para que el mismo se constituya en la oportunidad de sacar al país del laberinto en que lo han metido quienes resisten la lucha contra la corrupción y la impunidad, hace falta que la sociedad civil y los movimientos sociales planteen una agenda mínima, que sea un contenido programático que permita una superación de la crisis con visión de mediano y largo plazo.
