Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Durante los últimos años hemos visto numerosas publicaciones de miembros y asesores de la Junta Directiva de la Cámara de Industria, de presidentes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -también conocido como CACIF-, en particular de la empresa “Mina San Rafael” en la que le piden a la Corte de Constitucionalidad y a las entidades que integran el Organismo Judicial que se respete la propiedad privada, que se respete las normas y leyes que le han permitido a esta empresa de capital canadiense operar en la extracción, de una forma muy lucrativa, del oro existente en parte del territorio de Guatemala.
Como se puede comprobar en nota enviada a SERGIO ARMANDO DE LA TORRE GIMENO el 20 de marzo de 2006, quien ha fungido como ministro de Economía en el gobierno del general Otto Pérez y la licenciada Roxana Baldetti, también se ha desempeñado como miembro de la Junta Directiva de CACIF, de la Cámara de Industria y de la Junta Monetaria, esta persona en lo individual aparentó y fue parte de tres contratos públicos, en los cuales tres distintos notarios, todos ellos ya fallecidos, y tres supuestos vendedores en efectivo aparentaron adquirir un terreno localizado en el Lote 23, sección D, Granja Los Álamos, San Miguel Petapa, departamento de Guatemala.
Ellos hicieron comparecer a la gerente de “Servicios Automotores Universales, sociedad anónima” falsificando, como se demostró, su firma. Esta persona se encontraba casada y se le hizo comparecer como soltera, bajo su nombre Ileana Eugenia Reyes Wyld (de Gharzouzi), lo cual el notario Ricardo Sagastume, quien ha sido colaborador estrecho de la Cámara de Industria, compareció a una reunión para la cual el notario Eduardo Wong no estaba facultado por parte de la verdadera propietaria del inmueble.
Después de una serie de trámites y acciones legales desde el año 2003, que se describen en la resolución de la Corte de Constitucionalidad de fecha 20 de abril de 2004, en mi carácter de Abogado y Notario, colegiado activo 1,254, dos veces expresidente de CACIF y ante todo del Estado de Derecho, me permito señalar que sin fundamento formal y legal alguno, se pretende despojar a Sausa, S.A. de una propiedad y adjudicárselo a quien se ha jactado siempre de ser un hombre honrado; es decir, de Sergio de la Torre Gimeno cuando nunca ha podido demostrar que ha existido una escritura pública entre “Servicios Automotores Universales, S.A., su persona o sociedad con la que él esté relacionado.
Espero que conocidos telenoticieros que siempre han abogado por el Estado de Derecho y la verdad, así como por los medios escritos correspondientes, el Colegio de Abogados y el Tribunal de Honor intervengan para que sepamos que en Guatemala la ley es la ley y no puede doblársele, cambiársele, ni vulnerársele solo porque alguien es parte de las cúpulas empresariales y utilizó notarios fallecidos, aparentes clientes que nunca han existido pero que se harán más ricos violando la ley en este medio guatemalteco indudablemente inmoral y tramposo.
¡Guatemala es primero!
