Luis Enrique Pérez
El reciente discurso del presidente Jimmy Morales, dirigido a la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente tuvo 2,800 palabras. La parte dedicada a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y al comisionado Iván Velásquez, tuvo 1,370 palabras, o casi 49% del número total de palabras del discurso.
Partes restantes del discurso tuvieron una proporción notablemente menor de palabras. Por ejemplo, sobre “transparencia y lucha contra la corrupción”, 7%; sobre unión aduanera convenida por Guatemala, El Salvador y Honduras, 6%; sobre disputa territorial con Belice, 5%; y sobre “amenazas transnacionales” o narcotráfico, 4%. Esta cuantificación sugiere que el tópico principal del discurso fue la comisión y el comisionado Iván Velásquez.
Sobre ese tópico, el presidente Morales expuso estas tesis: primera, no se solicitará una sexta prórroga del acuerdo de creación de la comisión, porque ha tenido tiempo suficiente “para cumplir con su mandato”; segunda, la comisión debe comenzar a transferir su “capacidad técnica” a las instituciones que deben “velar por la justicia en Guatemala”; tercera, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas debe informar a la comunidad internacional sobre “la utilización de los fondos acreditados”; y cuarta, el gobierno de Guatemala y ese mismo secretario general deben designar conjuntamente al comisionado que sustituirá a Iván Velásquez.
El presidente Morales expuso tres motivos para no prorrogar el acuerdo de creación de la comisión. Primero, tal comisión ha violado el régimen legal de la república, incluido el régimen constitucional, y también ha violado el acuerdo mismo; y ha “manipulado” la justicia, y atentado “contra la presunción de inocencia y el debido proceso.” Segundo, el comisionado Iván Velásquez ha intervenido en “asuntos internos del país politizando la justicia y judicializando la política, y ha creado “una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar la seguridad” del Estado. Y tercero, la comisión “ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala”; ha instaurado un régimen de terror en el cual quien “piensa diferente” es perseguido e investigado; y ha coaccionado a testigos, “que luego convierte en colaboradores eficaces, ofreciéndoles procesos abreviados y redención de penas”
He pretendido ser un crítico del gobierno del presidente Morales; pero debo reconocer que la parte de su discurso sobre la terrorífica, ilegal y corrupta comisión, y sobre el político, abusivo y perverso comisionado Iván Velásquez, fue franca, intrépida y atinada. Parte del atino fue acusar al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, de “indiferencia y pasividad” por no haber atendido “las preocupaciones del Gobierno de Guatemala” sobre la delictiva actividad de la comisión y su comisionado. Fue una acusación innecesariamente moderada.
Post scriptum. El artículo 5 del acuerdo de creación de la comisión declara que ella “estará integrada por un comisionado, el personal especializado que sea pertinente y una secretaría.” El acuerdo no contempla un “comisionado adjunto”. Designar un comisionado tal es violar el acuerdo.
