Anoche el gobierno anunció que habiendo sido notificado de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, “hará uso de las facultades y recursos que la ley le otorga para defender la Constitución de la República” en lo que constituye una clara y abierta desobediencia, posible por la actitud de pasiva vigilancia de un Ministerio Público que encontró la cómoda forma de lavarse las manos dando la apariencia que cumple fielmente a quien la designó como Fiscal General.
La ley no otorga facultades ni concede recursos para incumplir con lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad y si cada quien decide, por sus pistolas, que no le gusta lo resuelto o que, según su criterio y el de sus abogados, lo dispuesto es “ilegal”, entramos en un caos jurídico inaceptable desde cualquier punto de vista. Desobedecer a la Corte de Constitucionalidad es un auténtico Golpe de Estado porque constituye la “vulneración de la legitimidad institucional de un Estado”. El golpe no se produce sólo cuando un Ejército depone a un Presidente, sino cuando cualquiera se rebela contra alguno de los Poderes y cuando se rompe el orden establecido en la Constitución.
En Guatemala, nos guste o no, la Corte de Constitucionalidad es una institución para el control de la legalidad y si existe desobediencia a sus resoluciones, sin que se puedan implementar los mecanismos establecidos en ley, por carencia de un Ministerio Público que cumpla su deber o de fuerza pública que haga respetar lo dispuesto con la Corte, como hizo el Ejército tras el Serranazo, se produce una ruptura que no se puede sino calificar como un Golpe de Estado.
El gobierno del Presidente Morales, empujado por la propia posición judicial del Presidente y por unos pocos aliados muy vociferantes que ya están presos o saben que tendrían que estarlo, tanto dentro del sector político como del privado, está llevando al país a una situación insostenible. Sus mismos aliados en el empresariado pegaron el grito en el cielo cuando Maduro u Ortega se incumplieron resoluciones legales que les eran adversas y, entonces sí, entendieron que se había dado un manotazo a la Constitución.
Los que tanto hablaban de que un proceso penal bien fundado y sustentado contra el Presidente era un Golpe de Estado ahora que aplauden un verdadero Golpe de Estado de Morales, demuestran que la legalidad les vale gorro porque en resumidas cuentas lo único en lo que piensan es en librarse de la justicia y para ello necesitan acabar con la CICIG que ahora, con la apariencia que da este MP, queda como único riesgo a su impunidad.
