Víctor Ferrigno F.
Con sus acciones ilegales, Jimmy Morales ha logrado aglutinar a la ciudadanía en su contra. Consiguió articular un clamor nacional que demanda ¡No al moralazo!, y exige el restablecimiento del orden constitucional, que Morales rompió al negarse a obedecer un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), al violentar el convenio con la ONU sobre el funcionamiento de la CICIG, y al reprimir los derechos constitucionales de libre expresión y manifestación, durante las recientes movilizaciones ciudadanas.
Las resoluciones de la CC tienen fuerza de ley, y están siendo ignoradas por Morales, quien el pasado 31 de agosto advirtió que no acatará aquellas resoluciones judiciales del máximo tribunal constitucional, que él considere ilegales. Es decir, anunció que se pondría sobre la ley, y lo cumplió. Eso, lisa y llanamente, es un Golpe de Estado técnico, que el pueblo ha llamado el moralazo.
Para colmo, ordenó a su Canciller que comunicara a la ONU que desconocía a Iván Velásquez, y que la emplazara para que en el término de 48 horas le remita una propuesta de nuevo/a Comisionado/a de la CICIG, para que él le dé el beneplácito. Todo ello violentando el convenio firmado, en el que se establece que es el Secretario General de la ONU quien nombra al Comisionado.
Estas acciones presidenciales violentan el régimen constitucional del país, y las ha impulsado con un desmedido despliegue de fuerzas militares y policiales, con el claro propósito de intimidar a la población que, sin miedo, ha salido a protestar por el moralazo. Estamos ante el inicio del fin de un régimen presidencial que resultó corrupto, ladrón y golpista.
Resurgiendo de sus gloriosas cenizas, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) convocó a una movilización nacional para el 20 de septiembre, que ha sido acuerpada por casi todos los centros regionales de la Usac, importantes sectores de la Iglesia Católica, el estudiantado de las universidades Del Valle y Landívar, sindicatos, organizaciones campesinas, autoridades indígenas ancestrales, la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad y un largo etcétera.
En su fallo del pasado domingo, la CC estableció que los funcionarios y empleados públicos no electos que incumplieran con lo mandatado serían destituidos, por lo que deberá ordenar al Ministerio Público que proceda legalmente contra ellos. Obviamente, deberá hacer lo propio con Jimmy Morales, siguiendo el procedimiento establecido.
La respuesta del Gobierno de EE. UU. ha sido contundente al capturar el FBI a Manuel Baldizón por lavado de activos, en el Caso Odebrecht. Parte de esos fondos fueron compartidos con Alejandro Sinibaldi, quien financió al FCN-Nación, con recursos del crimen organizado. Así que al cómico-presidente le seguirán sumando delitos y agravantes. Es un hecho que Jimmy Morales terminará en la cárcel, pero está haciendo mucho daño para evitar lo inevitable.
Nuestro régimen constitucional tiene grandes carencias, pero pagamos un alto costo en vidas para instaurarlo, así que debemos evitar su ruptura, oponiendo la voluntad soberana del pueblo al moralazo, impulsado por el Pacto de Corruptos.
En esta gesta, recordemos la cita del apóstol de la libertad, José Martí: “Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”.
