Javier Monterroso
El Estado Constitucional de Derecho significa que la Constitución se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico y que es acatada por parte de gobernantes y gobernados, esto implica un compromiso por parte del pueblo y de sus transitorios representantes electos para mantener la paz social. Sin embargo, la coyuntura nacional y las decisiones tomadas por el presidente Morales y sus aliados en el Congreso de la República amenazan este frágil acuerdo social y nos están arrastrando a una crisis constitucional de imprevisibles consecuencias.
La historia de Guatemala es particularmente convulsa, con épocas largas de dictaduras y pequeñas experiencias democráticas. Desde 1986 a la fecha es el período más largo de democracia que hemos vivido como sociedad, y en 1993 superamos exitosamente el intento de Jorge Serrano de convertirse en dictador. En esa crisis la Corte de Constitucionalidad jugó un papel fundamental, y además la sociedad civil, las cámaras empresariales, los medios de comunicación e incluso una parte importante del Ejército se pusieron de acuerdo para frenar las ambiciones del remedo de dictador.
El escenario 25 años después resulta paradójicamente más complejo debido a que los sectores de poder real se encuentran divididos: La mayoría de organizaciones sociales incluyendo la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), y otras representadas en la Plataforma Ciudadana y la Alianza por las Reformas apoyan la continuidad de Iván Velásquez al frente de la CICIG y piden su regreso al país. Sin embargo, el Ejecutivo se opone a la misma y está apoyado por la mayoría de las cámaras empresariales y del Congreso de la República. El Ejercito y la PNC parecieran estar unidos en el apoyo al Presidente y los medios de comunicación han tomado partido algunos a favor de la CICIG y otros del Gobierno. Hay que señalar también que la mayoría de la población apoya el trabajo de la CICIG según varias encuestas realizadas recientemente. Sin embargo, el mayor respaldo del Presidente es externo: el Gobierno de EE. UU. por medio de su secretario de Estado Mike Pompeo prácticamente ha avalado la decisión de Morales de prohibir la entrada del comisionado Velásquez al territorio nacional y también apoya hacer reformas a la CICIG.
Al igual que en 1993 la última palabra la tendrá la Corte de Constitucionalidad, si la Corte avala las últimas decisiones de Morales poco a poco la tensión se diluirá, la ONU tendrá que nombrar a un nuevo comisionado y posiblemente renegociar el acuerdo de CICIG. Si por el contrario la Corte declara ilegales las acciones del Presidente estaremos ante dos escenarios distintos: El primero y ajustado a la legalidad sería que Morales acatara la resolución y permitiera el ingreso de Velásquez al país, sin embargo, el despliegue de fuerza y los últimos discursos de Jimmy indican que esta dispuesto a desobedecer a la CC, lo que nos llevaría a una situación de crisis constitucional pues el Presidente desobedecería abiertamente una orden del máximo tribunal en materia constitucional.
