Lic. Douglas Abadía C.
douglas.abadia@gmail.com
La ciencia de la administración pública ha tenido un proceso de formación oscilante como disciplina científica. Disfrutando del estatuto de ciencia, merced a los estudiosos alemanes que de tal modo la cultivaban desde dos siglos atrás, su evolución fue siempre progresiva a pesar de los altibajos existentes en su camino (Small, 1909).
La administración pública ha pasado por varias etapas a lo largo de su existencia, hasta lograr alcanzar la categoría de ciencia.
Además, la ciencia de la administración pública tiene desde su origen el doble aspecto de teoría y aplicación. Bajo estas dos características podemos afirmar que el conocimiento científico es generado por el ser humano, y por consecuencia hemos de determinar que las sociedades son dinámicas; esto nos lleva a crear herramientas que le permitan a la administración pública evolucionar y así lograr el bien común.
A modo de síntesis podemos afirmar que la ciencia de la administración pública, en suma, estudia la actividad del Estado en la sociedad, cuando tal actividad se encamina a crear las condiciones de vida necesarias, suficientes y bastantes, para nutrir de ella sus propias fuerzas.
En lo personal creo oportuno caracterizar uno de los obstáculos más férreos en la administración pública guatemalteca, por lo que la caracterizo a continuación:
Existe un culto a la autoridad y a la jerarquía, o sea hay una lealtad al jefe más que a la institución. Se le da más importancia al cargo que a los resultados, esto conlleva a la apropiación del cargo, tal como le llama Jorge Ruano cuando escribe las “Características Generales de la Administración Pública Guatemalteca”.
Él nos dice que por ello hay un inmovilismo por temor a conflictos que afecten “los feudos construidos”. Ligado a esto se da la secretividad de información lo que hace ver al burócrata como cerrado, tortuoso e insensible (recientemente existe mayor apertura con el auge del gobierno abierto en nuestro país). Hay una ausencia del costo de la acción gubernamental, por ello hay duplicidad de funciones, incoordinaciones, sobrecarga de personal, mayormente personal no eficiente comparado con el eficiente. Esto explica la desconfianza entre las relaciones burocracia-ciudadanos.
Sumado al escaso sentido de cooperación entre organismos públicos y entre funcionarios individuales, provocando ausencia de coordinación, difusión excesiva de propósitos, conflictos interburocráticos, duplicidades dispendiosas.
En suma, la coexistencia de feudos de poder con “tierras de nadie”. En Guatemala el aparato estatal es visto como un clientelismo político de los diferentes partidos políticos que, a cambio de apoyo ofrecen empleo en el Estado. La alternabilidad en el poder conlleva cada cuatro años a que un partido político distinto gobierne. Cabe resaltar que desde el inicio del proceso democrático en 1985, ningún partido político ha logrado la reelección en el Ejecutivo.
De esta forma, cada cuatro años que hay cambio de autoridades hay cambio de muchos trabajadores del Estado, exceptuando los que pertenecen a un sindicato y personal permanente. Por tanto, aunque también una buena parte del personal se queda, es aquella heredada de los gobiernos militares, inestables y que con diferentes proyectos políticos convirtieron a la administración pública en lenta, y sin rumbo a seguir; por la misma inestabilidad y los constantes cambios que se dieron en esta etapa. Este proceso ha llevado a una ineficiencia del Estado respecto a su capacidad para resolver los problemas.
En consecuencia, no tenemos un Estado profesional, ordenado y eficiente, integrado por personas que conocen su trabajo y lo hacen bien, donde el cambio de administración implica básicamente el cambio de algunas cabezas.
A nosotros nos toca vivir sumergidos en la improvisación permanente, pues cada cuatro años los nuevos gobernantes pretenden reinventar la rueda y volver a aprender todo desde el principio. El Estado se concreta y se hace visible a través del recurso humano que lo apoya, por ello es de vital importancia la reforma del Estado. Los servidores públicos, al igual que toda persona, muestran patrones de comportamiento que son resultado de los incentivos que les ofrece el entorno. Esto plantea la necesidad de revisar las instituciones y leyes que promueven el comportamiento burocrático. Ese es el caso de La Ley del Servicio Civil.
