Son muchos los que ante las nuevas condiciones que plantea la política del gobierno respecto al tema de la corrupción y la impunidad, están ya preparando el retorno a la plena normalidad, entendida la misma en que Guatemala vuelva a ser el paraíso en el que la justicia sirve únicamente para castigar a quienes desde el mero lumpen social tienen la osadía de cometer algún delito, pero jamás para quienes ostentando cuotas de poder de cualquier tipo hagan de las suyas.
Fue tan prolongado el esfuerzo por construir el régimen de impunidad en el que se ha vivido que para algunos resultó ofensivo e inaceptable que se pidiera el apoyo internacional para tratar de enderezar el modelo. Y peor aún que esa ayuda se plasmara en la investigación de crímenes relacionados con la corrupción que ha enriquecido a tantos y que ha generado privilegios extraordinarios a unos pocos en perjuicio de toda la población que languidece en su condición de eterna pobreza que les obliga a emigrar en busca de oportunidades.
Los usuarios de la corrupción son, por efecto de la misma, personas que tienen ese tipo de poder que históricamente les hizo inmunes al sistema de justicia. Y cuando por fin se rompe el modelo de impunidad se vieren afectados en sus más caros intereses y es de allí de donde parte el contraataque que en estos días ha llegado a plantear el cese del esfuerzo por introducir la decencia en el modelo de gestión del país.
La polarización, tan fácil en un país donde no hay en realidad debate político ni cultura ciudadana, fue el secreto para aglutinar a los sectores para dar forma a la masa crítica necesaria para revertir el esfuerzo emprendido hace más de diez años en busca de reformas profundas para generar una administración más eficaz y correcta de la justicia.
Ante la decisión de que termina el experimento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, todos aquellos que se esmeraron en entorpecer sus procesos penales precisamente confiando en que llegaría ese día, empiezan a preparar sus maletas para retornar a la vida normal, sin temor a ningún nuevo sobresalto porque saben que excluyendo a los acusadores, sus juicios se irán resolviendo a marchas forzadas para permitirles la vuelta a sus casas y a sus viejas prácticas de enriquecimiento ilícito.
El panorama es clarísimo porque se logró el propósito que se propusieron los que, sin defensa legal, necesitaban eliminar al ente investigador para solventar su situación. Todo marcha sobre ruedas y en un año lograrán la libertad.
