Factor Méndez Doninelli
Saludo decisión de mi Alma Mater, Universidad de San Carlos, por otorgar póstumamente, doctorado Honoris Causa a ROGELIA CRUZ MARTÍNEZ, la Reina insurgente.
El 30 de agosto de cada año y a partir del 2011, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 21 de diciembre de 2010 en virtud de la resolución A/RES/65/209.
Según el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, “…se entenderá por «desaparición forzada» el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Esa práctica fue frecuente en Guatemala durante las dictaduras militares, los Gobiernos civiles tutelados y sobre todo fue una técnica contrainsurgente para eliminar a opositores políticos, utilizada por las décadas 1960-1996, por el Ejército y las policías en el Conflicto Armado Interno. Aquí, el reclamo por la desaparición forzada o involuntaria de personas se eleva a miles, según el informe de la verdad de la ONU, se estima que más de 45 mil guatemaltecos (mujeres, hombres, ancianos y personas menores de edad) fueron víctimas de esta política represiva y criminal que constituye una grave violación a los derechos humanos (DD. HH.) y un crimen de lesa humanidad.
La mayoría de estos miles de crímenes, sus autores materiales e intelectuales continúan impunes y han dejado secuelas indelebles en las familias de las víctimas, las comunidades y en el conjunto de la sociedad. Según expertos, en el proceso de elaboración del duelo las familias agraviadas no consiguen cerrar el ciclo; porque se desconoce el paradero del ser querido y porque en el peor de los casos, no han podido dar sepultura a sus restos. Estas circunstancias prologan el dolor, inseguridad e incertidumbre de las familias y comunidades.
La desaparición de personas por razones políticas o ideológicas afecta a muchos países, pues ha sido una práctica utilizada por Gobiernos intolerantes, autoritarios, oligárquicos y dictaduras militares que la emplean para eliminar a sus oponentes, sembrar terror e inseguridad entre los habitantes, lo cual viola derechos y libertades individuales y sociales de personas, de comunidades y la sociedad en general. Las desapariciones forzadas o involuntarias, producto de las dictaduras militares, fue la técnica preferida para reprimir a los oponentes políticos e imponer entre la gente la cultura del miedo y del silencio.
La valentía, perseverancia y resistencia de las familias de víctimas con el acompañamiento firme y solidario de organizaciones académicas, religiosas, intelectuales y defensores de DD. HH., han hecho posible lograr justicia en algunos casos documentados en los que se alcanzaron condenas contra responsables.
A pesar de la generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada, los actos de hostigamiento, intimidaciones, abusos, amenazas y atentados a la vida e integridad de las familias de víctimas, de testigos, de abogados, de organizaciones sociales y defensores de DD. HH., la lucha por derrumbar el muro de la impunidad avanza con firmeza. De esto hay ejemplos concretos y recientes no sólo en Guatemala, también en América Latina donde hubo dictaduras militares, como en El Salvador, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.
