Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Cuando a una persona se le acusa de haber cometido un hecho delictivo, el juez en el momento de la primera indagatoria debe establecer -de acuerdo a las circunstancias del caso- si procede ordenar la prisión preventiva del acusado o sí por el contrario se le puede beneficiar con una medida sustitutiva, como la libertad condicional.
Existen delitos que explícitamente prohíben que se otorguen medidas sustitutivas, durante el trámite del proceso, por ejemplo los que se relacionan con el crimen organizado. Mientras que otros delitos dejan abierta la posibilidad de que el juez permita que los acusados queden en libertad, siempre y cuando no exista peligro de fuga o la posibilidad de que los presuntos delincuentes obstruyan la investigación.
A la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling se le acusa de tráfico de influencias, pues ella trató de incidir en la decisión del juez Carlos Ruano, quien tiene a su cargo el caso IGSS- Pisa en el que se encuentra involucrado su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita. Cuando se le detuvo, en febrero de 2017, la magistrada iba disfrazada y, además, trató de agredir a los policías con un arma de fuego. A criterio del juez que conoció la denuncia, esos son motivos suficientes para que se le imponga la prisión preventiva.
Desde el momento en que fue puesta a disposición de la justicia, Stalling ha hecho todo lo posible para evitar la prisión y ha usado de sus influencias en el sistema judicial para lograr su cometido. La fiscalía por el contrario, considera que ella debe permanecer detenida, pues no solo existe peligro de fuga, sino que, además, fuera de la cárcel tiene mayor capacidad de entorpecer las investigaciones de hechos criminales en los que ella y sus familiares son los principales sospechosos.
La semana pasada, una juez suplente ignoró todos los agravantes que pesan sobre Blanca Stalling y ordenó su libertad inmediata, sin imponerle fianza alguna; resolución legalmente insostenible, cuando existen pruebas de la peligrosidad de la sindicada. Esta decisión pone en evidencia, por una parte, las debilidades de un sistema de justicia, en el cual algunos jueces están sujetos a la influencia de personas poderosas que son procesadas por casos de corrupción y por otro lado la capacidad de los criminales de incidir sobre resoluciones judiciales.
Si bien es cierto la prisión preventiva debiera ser usada en casos excepcionales, pues existe la presunción de inocencia, por lo general en los casos relacionados con la corrupción se dan las condiciones necesarias para que los jueces ordenen esa medida, ya que los acusados suelen ser individuos capaces de influir en la investigación y acostumbrados a abusar de las instituciones para beneficio propio.
Aunque Blanca Stalling no es la única persona acusada de corrupción, que ha sido beneficiada con libertad, mientras se lleva a cabo el proceso penal; en otros casos no existe un antecedente de peligro de fuga y no se trata de una magistrada de la Corte Suprema que ya demostró que es capaz -de todo- con tal de evadir la justicia.
La decisión sobre la libertad de Stalling fue apelada por la fiscalía, y está en manos de una Sala de Apelaciones. Es importante que los ciudadanos estén atentos a esa resolución y también al desarrollo de todos los casos de corrupción, ya que si bajamos la guardia las mafias pueden retomar el control de las instituciones.
