Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Hoy el pleno de la Corte Suprema de Justicia conocerá los dos antejuicios que plantearon de manera conjunta el Ministerio Publico y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en contra del presidente Jimmy Morales y la diputada Nineth Montenegro, ambos en su calidad de secretarios generales de los partidos FCN y Encuentro por Guatemala, y es momento oportuno para analizar en términos generales el anacrónico antejuicio como garantía y protección de ciertos funcionarios públicos que en el caso particular de Guatemala ni siquiera permite que sean objeto de investigaciones mientras no sea legalmente levantado tal privilegio.
En otros países del mundo en donde hay antejuicio, el mismo se limita generalmente a los jueces y magistrados pero es también únicamente para decidir si pueden ser sometidos a proceso penal. En el caso de Guatemala la protección es amplísima para una enorme cantidad de funcionarios y de los que aquí llaman “dignatarios”, pero no sólo para que no se inicie proceso penal en su contra, sino para impedir que puedan ser sometidos a investigación, lo cual asegura que se vaya elevando más el muro de la impunidad que ya alcanza proporciones espantosas.
Rara vez se encuentra uno con reacciones como la de la diputada Montenegro que no cuestiona el comportamiento de los órganos a cargo de la investigación pues la norma general es que se utilicen recursos de cualquier tipo para impedir que se conozca siquiera la solicitud de antejuicio presentada en su contra. Hay casos que se vuelven célebres por la forma en que se evidencia esa manera de entorpecer el avance de la justicia a toda costa a fin de prolongar la inmunidad.
Por principio constitucional se establece que en Guatemala todos los habitantes somos iguales ante la ley, pero la misma Constitución hace exclusiones que violentan ese principio fundamental. La verdad es que el antejuicio es una institución anacrónica que no debiera tener cabida en el ordenamiento legal de un país como el nuestro donde se ha demostrado que es una garantía de impunidad y un verdadero obstáculo para la averiguación de la verdad, no digamos para la aplicación de la justicia.
La reforma constitucional que se había socializado para mejorar el Sector Justicia proponía la eliminación del antejuicio como consecuencia de lo que en la práctica se ha comprobado respecto a ese procedimiento y creo que el pretexto del derecho indígena fue utilizado precisamente por quienes lo que realmente querían detener era la posibilidad de que fuera eliminado ese privilegio que protege de manera absoluta a los funcionarios que son parte del sistema corrupto. Porque ya veremos que en el caso del mandatario el antejuicio será nuevamente objeto del mismo trato de los otros que se han presentado en su contra, ya que prevalece el criterio de que hoy por ti y mañana por mí, lo que hace que todos se terminen tapando con la misma chamarra.
Los funcionarios, más que cualquier ciudadano, tienen que ser responsables de sus actos y enfrentar las consecuencias de los mismos sin privilegios absurdos.
