Desde el Vicepresidente hasta el grupo que dirigió una extranjera para protestar in situ contra el acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, hay grupos que coinciden en que esa decisión de las autoridades encargadas del manejo de los temas relacionadas con los comicios y las campañas políticas les afecta porque la verdad es que hay ya una costumbre muy arraigada de que es precisamente ese el momento oportuno para asegurar el más absoluto control sobre los políticos que llegan a los cargos de elección popular en el país mediante aportes secretos que se supone son para financiar gastos electorales, pero que en la práctica se ha demostrado cómo se convierten en soborno anticipado que sirve para enriquecer de manera ilícita a los candidatos que así quedan amarrados para convertirse en mandatarios de quienes les dieron el dinero.
Por supuesto que en esas condiciones no quieren elecciones porque las mismas, si hay control del financiamiento, generarían por vez primera un verdadero mandato del pueblo porque el voto no sería comprado de la manera desfachatada en que se ha operado. Con razón los políticos no se interesan nunca en el combate de la pobreza porque saben que la misma es el caldo de cultivo para que se propague más el clientelismo electorero que permite llegar a comprar votos a cambio de migajas que mitigan, de momento, graves y desesperantes necesidades de la gente.
En el caso del Vicepresidente baste decir cuán lapidaria resulta la caricatura de hoy en Prensa Libre porque recuerda lo mucho que se ha criticado algún financiamiento que, dicen, le permitió pasarse a vivir al exclusivo sector de La Cañada. En el otro caso es el fiel reflejo de lo que hace el gobierno actual, es decir, ver todo lo que haga la CICIG como una acción semi diabólica porque de esa manera creen que minarán la lucha contra la corrupción en la que están empeñados.
La Comisión tiene entre su mandato la posibilidad de apoyar y asesorar a distintas instancias de la institucionalidad guatemalteca para generar prácticas que permitan eliminar las influencias criminales en la vida nacional y el financiamiento ilícito de las campañas electorales es una de ellas.
Para quienes tienen la cultura de corrupción que está latente en segmentos de la sociedad, todo lo que se haga en contra de ese vicio es deleznable y objeto de repudio como el que algunos vociferantes mostraron al irrumpir en el Tribunal Supremo Electoral esta semana, pero los avances ya logrados no los pueden revertir.
