Emilio Matta Saravia
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El tema energético es estratégico para el desarrollo de una nación. Sin ella, la vida moderna es inimaginable. Y sin embargo, ya bien entrado el siglo XXI, en nuestro país tenemos grandísimos rezagos en este tema tan crucial, los cuales es necesario abordar.
Lo primero que viene a la mente cuando se menciona el tema energético, es el rechazo frontal de distintas organizaciones campesinas (Codeca entre otras) y ambientalistas (CALAS entre otras), principalmente hacia las hidroeléctricas, y su demanda de nacionalizar el sector eléctrico en Guatemala debido a los cobros “excesivos” por parte de las distribuidoras de energía, principalmente en el interior del país (estos cobros llamados tasa de alumbrado público los reciben los alcaldes, y es el porcentaje mayor de una factura, no el consumo de electricidad). Así como a algunas personas les parece que las posturas de estas organizaciones son extremistas y frenan el desarrollo, a otros les parecen justas y acertadas.
En mi humilde opinión, es un tema demasiado complejo para decir que una postura es buena o mala, ya que entran en juego multitud de factores que inciden en la postura de uno u otro grupo, y que dan legitimidad a ambos lados, por lo que lograr acuerdos y consensos se hace indispensable en el tema. Aclaro que soy de la opinión de que nacionalizar el sector eléctrico es retroceder 30 años, que la mejor fuente para generar energía renovable, barata y limpia es la hídrica, y que un país sin energía a un precio económico pierde competitividad, por lo que las hidroeléctricas son la mejor opción de generación eléctrica para nuestro país. También aclaro que soy de la opinión que a los grupos que actúan al margen de la ley, ya sea robando energía por medio de conexiones ilegales, secuestrando o asesinando, ya sea a empleados de las empresas o a dirigentes comunitarios que se oponen a la instalación de proyectos, deben ser castigados con todo el peso de la ley. Finalmente, creo que quienes protestan de forma pacífica y legal por sus derechos, tienen puntos muy legítimos y válidos que no sólo merecen ser escuchados, sino que también atendidos. Además, merecen nuestro respeto y nuestra tolerancia, aunque pensemos de forma diferente.
Las personas que nacimos y crecimos en las ciudades, tenemos una visión muy distinta de la vida a la que tienen quienes nacieron en el área rural. Para una autoridad ancestral, el agua es fuente de vida y nosotros y la naturaleza (plantas y animales) somos parte de esa vida y a ella volvemos (lo escuché directamente de él, no me lo contaron), mientras que para un citadino el agua es un recurso aprovechable para distintos usos. Visiones muy diferentes de un mismo bien. Un citadino ve como bochincheros que frenan el desarrollo a las comunidades que protesten porque no quieren un proyecto hidroeléctrico en sus territorios. Sin embargo, no nos detenemos a pensar que esa misma hidroeléctrica tendrá un embalse que secará los ríos que abastecen de agua dichas comunidades y que no tendrán ni siquiera una gota de agua para beber mientras se llena dicho embalse, ni qué decir de regar sus cultivos o darle de tomar a sus animales.
Y nuestro país no cuenta ni siquiera con un marco regulatorio (Ley de Aguas) coherente que ayude a dirimir estos conflictos. Por allí es donde deberíamos empezar para disminuir la conflictividad.
