Se insiste mucho, con toda razón, en la enorme importancia que tiene el Estado de Derecho y la certeza jurídica no sólo para mejorar el clima de negocios sino que para la convivencia social misma porque sin ese necesario orden capaz de garantizar a cada quien el goce de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones se termina viviendo bajo la ley de la selva, toda vez que son los caprichos de momento los que pesan sin que, además, exista un sistema de justicia coherente y eficaz que pueda dirimir los conflictos que surjan en el seno de la sociedad.
Nadie con dos dedos de frente puede estar en contra del Estado de Derecho generador de certeza jurídica, tanto para garantizar el pleno goce de los derechos como para asegurar el debido castigo a quienes incurren en violaciones de la ley. Sin embargo, en Guatemala hace muchos años que vivimos en un modelo caracterizado por la corrupción que se ha extendido más allá del simple sector público y en esas condiciones es difícil lograr la pacífica convivencia, pues se generan focos de conflictividad en todo el país porque no hay correcta aplicación de la ley y tampoco hay una correcta elaboración de las normas legales porque las mismas se hacen al gusto del cliente o del mejor postor.
El hecho es que la cadena de la corrupción violenta el Estado de Derecho, porque la adopción de medidas que no tienen más fundamento que el del soborno y el tráfico de influencias, es una constante notoria en muchas de las dependencias tanto del poder nacional como del poder local. Y no puede considerarse como derecho adquirido lo que no se obtuvo en buena lid, es decir respetando y cumpliendo todos los pasos y requisitos que la ley exige.
Si un constructor obtiene licencia de construcción mediante el pago de sobornos puede encontrarse con impugnaciones que, llevadas a las instancias correctas, podrían hasta detener el curso de las obras. Si un inversionista paga soborno al Ministro de Energía y Minas para obtener una licencia y permisos de explotación, obviamente no está adquiriendo en realidad derechos firmes y sólidos porque los mismos pueden ser revocados simplemente porque se demuestre que hubo dinero bajo la mesa.
Si a ello sumamos que para dirimir diferencias se tiene que acudir a un poder judicial cooptado por intereses espurios, entenderemos que el Estado de Derecho, el debido proceso y la certeza jurídica son en Guatemala simples ficciones porque la corrupción ha permeado al Estado en diversas formas y pesa más que la misma ley.
