En Guatemala se hizo el último censo en el 2002 y por lo tanto es indispensable que se vuelva a realizar para facilitar la comprensión del estado de nuestra población. Ojalá que se pueda ejecutar con profesionalismo y apego a la técnica, a efecto de que sea un verdadero instrumento útil en la toma de decisiones sobre políticas públicas cuando, al fin, las mismas puedan ser retomadas.
Sin embargo tenemos que señalar que por la cínica terquedad de los diputados para evadir reformas importantes en nuestra legislación política, uno de los efectos inmediatos del censo será que crecerá el Congreso, porque según la ley vigente el número de diputados se rige por la cantidad de población en cada uno de los distritos electorales. Y los partidos políticos tradicionales estarán de fiesta si la tabulación del censo es utilizada por el Tribunal Supremo Electoral a la hora de la convocatoria a elecciones porque significa que el crecimiento de las planillas será exponencial y como ya sabemos que las candidaturas se venden al mejor postor, los integrantes de los comités ejecutivos tendrán mucho más ingreso y el Organismo Legislativo podrá dar cobijo a muchos más diputados del tipo de los que ahora tenemos.
La semana pasada un columnista decía que por esa razón él no se dejará censar porque no quiere ser partícipe del crecimiento de ese enorme pastel que se reparten cada cuatro años entre unos cuantos. Lo más triste de todo es seguramente que el resultado del censo será poco relevante en cuanto a la adopción de esas políticas públicas referidas porque las mismas no están en el radar de las autoridades, pero su efecto en inflar la cantidad de diputados sí que será inmediata y por ello es que se anticipa que el efecto inmediato será terriblemente negativo.
Si supiéramos que al conocerse el censo con su reflejo del estado de la población en una serie de variables se iniciaría un trabajo de planificación para orientar la gestión pública a atender las necesidades de la gente, a lo mejor hasta se tendría que aceptar con resignación ese daño colateral que es el aumento de diputados, pero tal y como están las cosas y faltando al menos año y medio de desgobierno y de la actual ausencia absoluta de entendimiento de la función esencial del Estado, no puede uno sino sentir pena de que el único efecto tangible de la millonaria inversión del censo sea para hacer más grande la piñata de los partidos políticos que podrán vender más curules.
Fe de errata
En el editorial de hoy se realizó una imprecisión al señalar que aumentaría el número de diputados al realizar el censo nacional.
Sin embargo, de acuerdo con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016, en su artículo 205, sobre la integración del Congreso de la República: el número de diputados distritales no excederá de 128, el cual será distribuido de la manera siguiente:
Distrito Central: 11 diputados
Distrito de Guatemala: 19 diputados
Sacatepéquez: 3 diputados
El Progreso: 2 diputados
Chimaltenango: 5 diputados
Escuintla: 6 diputados
Santa Rosa: 3 diputados
Sololá: 3 diputados
Totonicapán: 4 diputados
Quetzaltenango: 7 diputados
Suchitepéquez: 5 diputados
Retalhuleu: 3 diputados
San Marcos: 9 diputados
Huehuetenango: 10 diputados
Quiché: 8 diputados
Baja Verapaz: 2 diputados
Alta Verapaz: 9 diputados
Petén: 4 diputados
Izabal: 3 diputados
Zacapa: 2 diputados
Chiquimula: 3 diputados
Jalapa: 3 diputados
Jutiapa: 4 diputados
Mientras que 32 diputados electos por el sistema de lista nacional constituyen el veinticinco por ciento del número total de diputados distritales que integran el Congreso.
