Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Cuando uno se da cuenta del empecinamiento que hay para entrampar los procesos que se siguen en temas de corrupción, se tiene que preguntar cómo es que gente que está en prisión preventiva decide frenar el avance de los juicios aunque ello les signifique pasar más tiempo en la cárcel. Cualquier persona inocente, dice la lógica, trataría hasta lo imposible para acelerar los procedimientos a fin de que se dicte sentencia cuanto antes, pero eso no ocurre con los casos que se ventilan relacionados con la corrupción y es bueno entender por qué.
Varias veces he escrito que la apuesta de los sindicados está en ir entreteniendo la nigua en espera de tiempos mejores. Sienten que algo han logrado desde que hubo cambio de Fiscal General, aunque les desconcierta que la licenciada Consuelo Porras no haya removido inmediatamente a los fiscales encargados de sus procesos. Pero la verdadera esperanza está puesta en que para septiembre del año entrante Jimmy Morales no haya pedido la prórroga del mandato de la CICIG y que con ello termine de una vez la presencia de esa Comisión en el país y cese su labor acusadora.
No hay otra razón por la cual se pueda entender que personas que se encuentran en prisión preventiva sigan insistiendo en retrasar los procesos en su contra, sobre todo si fueran inocentes. Porque si resultan culpables, de todos modos el tiempo que han estado en chirona se les computaría para el total de las condenas que reciban y en ese sentido hasta podría asumirse que, con todo y la presunción de inocencia, los que hacen micos y pericos para entrampar los procesos están tácitamente reconociendo su responsabilidad en los hechos que se les imputan como constitutivos de delito.
Nuestro Sistema de Justicia tiene vicios y deficiencias muy profundas, producto no sólo de la falta de presupuesto sino también de los intereses que lo han cooptado desde hace mucho tiempo para garantizar impunidad. Por ello fue que la iniciativa de reforma constitucional para reformar al sector encontró la firme y tajante oposición de poderosos sectores, empezando por la misma Presidencia de la República y el pleno de diputados del Congreso de la República porque entienden perfectamente que modificando las formas de integración de las Cortes se pone en gravísimo riesgo ese privilegio de impunidad que tanto les ha servido.
Y así como Roxana Baldetti alcanzó la categoría de paradigmática en el tema de la corrupción, ahora lo está haciendo con el tema del retardo malicioso de los procesos y su actuación y las de los abogados que la patrocinan judicialmente. Para bien de la sociedad y mal de la señora Baldetti, su figura atrae la atención y pone sobre el tapete cuestiones tan importantes como el comportamiento corrupto de tanto político como este de las formas maliciosas en que se litiga para ir entrampando el de por sí lento paso de la justicia con el fin descarado y cínico de hacer tiempo hasta que cese el trabajo profesional de acusación del MP y de la CICIG.
