Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Es evidente que el pulso entre quienes insisten en preservar el sistema corrupto y quienes aspiran al establecimiento de un orden legal en el que no tenga cabida ni la impunidad ni la corrupción no cesa, y cada día se dan nuevos gestos que constituyen no sólo un desafío sino, además, una reiteración de que el pacto de corruptos se mantiene vigente y empeñado en asegurar su larga vida. Ayer fue la Corte Suprema de Justicia la que puso su grano de arena con la elección del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, pieza que se convierte en clave dado el precario balance de fuerzas existente en ese órgano que tiene altas responsabilidades en medio de la crisis política que se está viviendo en Guatemala.
Para nadie es misterio que se aproximan días difíciles en el plano legal como resultado de acusaciones que se han formulado contra el mismo Presidente de la República, y que parecen haber causado un serio efecto no sólo en el país sino también en el extranjero donde señalamientos de tal naturaleza tienen aún más peso y efecto que los que puedan plantearse por el financiamiento electoral ilícito. Y anticipando que eventualmente el caso podría llegar a la misma CC, la Corte Suprema de Justicia no vaciló siquiera en la designación del abogado Conrado Reyes, ni siquiera por el hecho de que tras señalamientos en su contra de la CICIG en tiempos de Castresana, fue removido del cargo de Fiscal General para el que había sido nombrado por Álvaro Colom.
Y vemos que los tres poderes del Estado se encuentran en la misma línea, de ir afianzando posiciones de cara a los desafíos que plantea la lucha contra la corrupción. En el Poder Judicial no sólo la elección de ayer fue una muestra, sino también la forma en que se quiere cooptar el Consejo de la Carrera Judicial que resulta clave para cualquier esfuerzo de acabar la impunidad o de afianzarla y prolongarla. No digamos el Poder Legislativo donde se cocinan a fuego lento las leyes orientadas a proteger a todos los miembros de la clase política que puedan verse afectados por señalamientos en su contra, especialmente en el tema del financiamiento electoral ilícito.
Y en el Poder Ejecutivo que no cesa en su empeño de ir cercando a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la que es acosada cotidianamente no sólo por el Presidente sino también por los Ministros de Relaciones Exteriores y Gobernación que mantienen como eje de su agenda la búsqueda de acciones para ir minando la capacidad de la CICIG en la investigación de diversa clase de delitos relacionados no sólo con la corrupción sino con la persistente impunidad.
Y conforme se ve que se acercan las horas críticas, porque nadie duda que vienen momentos de alta tensión en la política nacional y que más temprano que tarde veremos nuevos casos que pueden ser sólidos y devastadores, cierran filas para lo que estiman que puede ser el momento decisivo.
