Javier Monterroso
Aunque la percepción ciudadana indique lo contrario, en los últimos 10 años Guatemala ha mejorado significativamente los índices de seguridad ciudadana, el principal indicador a nivel mundial que se utiliza para medir la inseguridad en un país es el número de homicidios por cada cien mil habitantes, en el año 2008 alcanzamos un nivel récord de aproximadamente 46 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que nos convertía en uno de los países más violentos del mundo, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para el año 2018 se tiene un índice de aproximadamente 26 homicidios por cada cien mil habitantes, cifra que aún es terriblemente alta pero que refleja una mejora sustantiva en la seguridad.
Las razones de ésta importante merma en los homicidios aún no han sido estudiadas a profundidad pero existen varias hipótesis, la mía es que se debe a una serie de factores y políticas implementadas desde el año 2006 a la fecha que mejoraron la investigación criminal, entre ellas podemos citar las siguientes: la aprobación de la Ley Contra el Crimen Organizado en el 2006 que permitió las escuchas telefónicas y los testigos colaboradores utilizados en los casos de secuestros y asesinatos, la creación de la unidad de escuchas en el Ministerio Público en el 2008 que ha permitido resolver muchos secuestros y prevenir cientos de muertes, la creación del Inacif en el 2007 y el desarrollo de ésta institución lo que incluye una mejora en las morgues y la obtención del equipo IBIS para identificar huellas balísticas y del equipo AFIS para huellas dactilares en las escenas del crimen, los equipos de escena del crimen del Ministerio Público que se encuentran en casi todo el país, y sobre todo una mejor coordinación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación en materia de investigación criminal, lo que incluye la creación de equipos especializados en la PNC y en el MP para resolver homicidios, secuestros y extorsiones. La cooperación y coordinación en investigación criminal se estableció entre los Fiscales Amílcar Velásquez Zárate y el Ministro Carlos Menocal y continuó entre éste y la fiscal Claudia Paz, hay que reconocer que Mauricio López Bonilla mantuvo esa política de coordinación e incluso respetó a la mayoría de los mandos policiales que venían de Menocal, y la buena coordinación también se mantuvo en el período de Thelma Aldana y Francisco Rivas.
Sin embargo, la llegada de Enrique Degenhart al Ministerio de Gobernación en enero de éste año ha significado un retroceso en materia de investigación criminal, su primera acción fue destituir a los mandos policiales que precisamente eran los pilares de la coordinación con el MP y en su lugar colocó a personas obedientes y no deliberantes, la semana pasada una investigación periodística de Luis Ángel Sas en Nuestro Diario reveló que reasignó los vehículos destinados a la investigación criminal y los distribuyó entre los comisarios de policía de diversos municipios, quienes los han destinado a usos distintos para los que habían sido adquiridos.
En sólo unos meses Degenhart está poniendo en riesgo años de trabajo conjunto que se ha traducido en vidas salvadas, en casos resueltos y en asesinos, extorsionistas y secuestradores en las cárceles. Cada día está más claro que su nombramiento como Ministro obedece al pacto realizado entre el difunto alcalde Álvaro Arzú y el presidente Jimmy Morales para obstaculizar el trabajo de la CICIG en la lucha contra la corrupción, pero que sus nefastas políticas están poniendo en riesgo la vida de los guatemaltecos constituyéndose en una verdadera amenaza para la seguridad.
