La Ley de Orden Público vigente en Guatemala es un anacronismo que se mantiene porque conviene a la clase política la existencia de condiciones para restringir el disfrute de los derechos contemplados en la Constitución. De hecho se plantea la restricción de garantías constitucionales como herramienta para enfrentar diversos tipos de situaciones que puedan comprometer el orden público y en todos los casos destaca la facultad que se asigna a las autoridades para limitar la vigencia de los derechos individuales consignados en nuestro ordenamiento constitucional. Y decimos que es anacrónico el criterio porque en la actualidad no se concibe la restricción de derechos como mecanismo para enfrentar problemas de cualquier índole.
Pero al margen de ello vemos que una de las consecuencias de los estados de excepción es la facultad que se otorga a los gobiernos para gastar sin cumplir con los requisitos de transparencia. Bajo el pretexto de que la transparencia implica trámites engorrosos, se usan los criterios de la Ley de Orden Público para facilitar adquisiciones de bienes supuestamente para superar las condiciones especiales que dieron lugar a la decisión política de decretar alguno de esos estados de excepción con restricción de las garantías constitucionales. Pero con la corrupción que afecta a toda la administración pública, esa facultad se convierte en una especie de patente de corso para que se hagan micos y pericos sin ninguna supervisión. Los antecedentes abundan y confirman que nunca se atendió con prontitud y eficiencia a los damnificados por condiciones de calamidad, pero que siempre se usó la facultad para hacer negocios que finalmente fueron onerosos para la misma población. La reconstrucción posterremoto de tiempos del PP que fue tan ampliamente detallada por Monzón al relatar la forma en que se hicieron trinquetes es uno de los ejemplos no sólo más recientes sino más claros.
Si vemos lo que ha hecho este gobierno en manejo de la crisis provocada por el Volcán de Fuego nos tenemos que convencer que no actuaron con diligencia ni propiedad en los primeros momentos y tampoco lo han hecho luego, pero que se usan criterios muy deleznables para agilizar compras millonarias que en realidad poco o nada ayudan a aplacar la necesidad de los afectados.
Y la Contraloría General de Cuentas tiene más dificultades para fiscalizar en medio de un estado de excepción, por lo que prorrogar el mismo en las condiciones actuales no tiene otra finalidad que la de continuar haciendo fiesta con los recursos públicos evadiendo todos los de por sí frágiles mecanismos de control.
