Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Seré un poco redundante con la palabra institucionalidad, pero es necesario para hacer mi punto. En Guatemala, sin duda alguna, hay que fortalecer la institucionalidad si es que de verdad deseamos tener un futuro alentador, pero llama mucho la atención que quienes desean regresar al pasado usan el término a su antojo, puesto que por un lado hablan de ella y por el otro, cuando se siguen los procesos establecidos en ley que cumplen con esa institucionalidad, rápido empiezan a decir que se está violentando a pesar de que se está cumpliendo exactamente la ley.
Pero a ese discurso que cada día es más trillado y quienes lo repiten cada vez quedan en más evidencia, hay que sumarle y nunca perderle el ojo a la institucionalidad en su modalidad criminal que no es más que aquella por medio de la cual algunos funcionarios (con apoyo de socios particulares) utilizan el poder a su antojo, ya sea para beneficiar a sus amigos o para perjudicar a sus enemigos.
Ejemplos sobran. El Presidente de la República usa su poder y todo el aparato a su disposición para satisfacer sus necesidades y penas, tanto personales como las de sus familiares, amigos y allegados con la justicia. Ahora mucha gente dice que es muy difícil que Donald Trump otorgue el TPS a los nuestros, y eso prueba mi punto de que Morales usó el tema de la Embajada por temas de interés personal y no nacional.
Guardando la diferencias, ayer publicaba López Obrador que había hablado media hora con Trump y que le propuso en explorar un acuerdo integral para evaluar proyectos que generen empleo y así se disminuya la migración y se mejore la seguridad, y lo citó como ejemplo, porque una cosa es ponerse de alfombra de un mandatario para calmar penas personales y ponernos en ridículo mundial, más ahora que Trump devuelve el trato con regaños e ignorando a quien bien lo sirvió.
De manera criminal ha operado, en algunos casos que deben generar extrema preocupación, el poder en la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque han permitido el asedio a jueces independientes y se han prestado para atacar a los jueces que ellos estiman como peligrosos para el muro de impunidad. La CSJ dijo la semana pasada que ellos estaban del lado correcto en la lucha contra la corrupción, pero será necesario que lo demuestren porque a luz de las evidencias, hay abundantes muestras de cómo han querido perjudicar a jueces independientes y favorecer a los jueces de las mafias. El mismo caso de los Bitkov es un ejemplo de cómo se usa algo que funcionó dentro de la institucionalidad para generar impunidad.
Lo mismo ocurre en el seno del Congreso de la República, puesto que usando la institucionalidad, muchos diputados siguen empecinados para legislar a su favor sin importarles un claro, categórico y vergonzoso conflicto de interés. Bu scan propiciar impunidad para ellos y terceros y utilizan el Organismo para satisfacer necesidades alejadas de la Nación y como ejemplos, la querella que Arzú Jr. presentó como que si el Congreso era TU MUNI y las alrededor de 140 personas que se contratarán para satisfacer los planes de algunos.
Ningún país puede sobrevivir en estas condiciones, menos aquellos que ya tienen condiciones de cooptación en su sistema y son estas mismas condiciones las que le han abierto las puertas a los populistas en el mundo. Ante tanta incapacidad y cinismo de nuestra clase política y ante nuestra gran indiferencia ciudadana, estamos sentando unas terribles bases para el futuro, porque por andar queriendo y permitiendo que se use el poder de manera criminal, hemos olvidado a la gente y especialmente a quienes desde que son concebidos se toman como miembros del círculo generacional de la pobreza.
Ya no más doble discurso en torno a la institucionalidad. Ésta se debe fortalecer pero no solo cuando algunos grupos lo crean adecuado para sus intereses. Que la institucionalidad funcione pasa por quien, sin importar su cargo, origen o posición social, deba rendir cuentas dentro del marco de la ley sin interferencias para lograr impunidad.
